Resuelve Ministerio Público situación jurídica de jóvenes de 11, 12 y 13 años
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- En la Comarca Lagunera de Durango, los menores infractores sufren constantemente la violación de sus derechos. Indebidamente, el Ministerio Público resuelve su situación jurídica y los trata como a delincuentes. La acción es preocupante y tolerada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que permanece ajena a la creciente problemática.
Desde las 14:20 horas del sábado ocho de mayo, tres menores de 11,12 y 13 años, junto con su hermano, Homero García Quiñones, fueron detenidos por la Policía Preventiva, acusados de robo y daños a una finca en construcción, en el fraccionamiento San Alberto.
Más de 48 horas permanecieron tras las rejas los menores, hasta que en la agencia del Ministerio se resolvió la situación jurídica. Su delito fue calificado como grave y ameritó su canalización al Consejo de Orientación y Observación de Menores Infractores (COOMI) en la ciudad de Durango.
Acostumbrados a justificar la responsabilidad del delito, en la agencia del Ministerio Público se trató a los menores como si fueran adultos. El monto de lo robado equivalía a 400 pesos y según la empresa constructora demandante, los daños fueron de diez mil pesos.
Joaquín Saucedo Flores, subprocurador de Justicia, se manifestó preocupado por el desarrollo de la averiguación previa contra los tres hermanos y aceptó que según la Ley que crea los Consejos Tutelares, el agente del Ministerio Público no está facultado para atender los casos de los seres inimputables.
“Existen fallas. La Ley señala que en Gómez Palacio debe existir un Tutelar de Menores, mismo que desde hace tiempo no opera. Por lo tanto, no se cuenta en la región, con el personal que por Ley está facultado para atender todos los asuntos de menores, tanto faltas administrativas como delitos contemplados en el Código Penal”.
Por su parte, Aurelio Urbina Suárez, subdirector de Averiguaciones Previas, señaló que en las últimas fechas, se han incrementado los delitos cometidos por menores de edad, que incurren en acciones como el robo, hasta faltas graves como la violación.
Los funcionarios públicos reconocieron la irregular práctica que se desarrolla por costumbre y se comprometieron a instruir a todos los agentes del Ministerio Público para resolver en la brevedad posible (cuatro o cinco horas), los asuntos relacionados con los menores y en todo caso, enviar los casos graves de inmediato al COOMI o mandar llamar a los padres de los implicados.
Saucedo Flores también aceptó que no se debe contar con un espacio exclusivo para menores en las celdas de la Policía Ministerial, situación vigente ante la apatía e incompetencia de los representantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Durango.
El subprocurador reconoce que técnicamente, los menores no deben permanecer recluidos en una celda a disposición del Ministerio Público, en el entendido que los pequeños infractores de diez a 16 años sólo están de paso, mientras se inicia una investigación.
La omisión de los vigilantes del respeto de los Derechos Humanos en la localidad, permite que ocurran situaciones como la que enfrentaron los hermanos García Quiñones, quienes afrontaron la afectación psicológica y social que implica estar tras las rejas a una corta edad, confundiendo más su visión, que requiere de la atención y tratamiento integral de las autoridades estatales.
Crear conciencia
“Debemos cambiar la cultura, la gente se debe sensibilizar a los delitos cometidos por menores. Los afectados quisieran tratarlos como a delincuentes, pero son personas inimputables que enfrentan problemas graves en sus hogares”, señaló el subprocurador de Justicia, Joaquín Saucedo Flores.
El funcionario estatal apunta que en los delitos o faltas que no son graves, se debe buscar en primera instancia, la conciliación, en el entendido de que los menores presuntos responsables, deben recibir un trato especial por el Estado, con el fin de rescatarlos de la problemática en que viven.
Con la experiencia como presidente de un Tutelar de Menores en el Estado de Coahuila y hasta antes de la creación en 1994, de la Ley de Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores (LATAM), Saucedo Flores señala que es importante que el afectado entienda que los menores no están obligados a reparar el daño como si fueran adultos.
“Existen tratados internacionales que brindan una protección al menor, los Estados deben adoptarlos y garantizar el cumplimento de los mismos”, señaló por último Saucedo Flores.
