Esta victoria legislativa de Bush supone la mayor reestructuración de los servicios de espionaje desde que se creó la Agencia Central de Inteligencia.
Washington, (EFE).- El Congreso de EU, dividido sobre cómo reforzar la seguridad nacional, tiene previsto votar hoy la mayor reforma a los servicios de espionaje desde 1947, al seguir los consejos de la Comisión que investigó los atentados de 2001.
Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, reunidos a puerta cerrada, acordaron votar sobre la reforma para que, después de su aprobación en el Senado -posiblemente el miércoles-, el presidente George W. Bush pueda promulgarla.
La Casa Blanca se mostró hoy satisfecha de que, superadas las desavenencias, el proyecto llegará esta semana al despacho de Bush.
Esta victoria legislativa de Bush supone la mayor reestructuración de los servicios de espionaje desde que se creó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 1947.
"Ha sido un proceso largo y difícil, lo sabemos. Pero creo que hemos logrado el mejor producto posible en estos momentos", dijo el legislador David Dreier (California).
Agregó que los asuntos migratorios más espinosos, como la prohibición de las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados, la reforma del sistema de asilo y la finalización de un muro de casi seis kilómetros en la frontera sur, tendrán que lograr su propio espacio en el calendario legislativo.
Dreier dejó entrever que esos puntos, respaldados por la Casa Blanca, se incluirán en una medida bipartidista que se presentará a principios de 2005.
El proyecto de ley autoriza la creación de un Director Nacional de Inteligencia (DNI), para supervisar a las 15 agencias de este ramo, y la creación de un "megacentro" que coordinará la lucha contra el terrorismo.
El plan afectará una amplia gama de áreas, desde la seguridad fronteriza hasta la de la infraestructura, los poderes policiales y la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.
Tras un tira y afloja de más de dos semanas, un influyente grupo de legisladores republicanos, entre ellos Duncan Hunter y James Sensenbrenner, cedió a las presiones de la Comisión, de las familias de las víctimas de los atentados del 11 de setiembre de 2001 y del propio Bush para votar la reforma.
Hunter logró que el texto final proteja la cadena de mando del Departamento de Defensa y no interfiera con las operaciones militares sobre el terreno, por ejemplo, el uso de equipos militares de alta tecnología o de los satélites de espionaje en tiempo real.
Sensenbrenner obtuvo garantías de que las cláusulas contra la inmigración ilegal se analizarán en la 109 sesión del Congreso.
Pero el acuerdo alcanzado a regañadientes no satisface a Sensenbrenner (Wisconsin), quien ha dicho que las omisiones actuales sólo ayudan a los terroristas y, por lo tanto, votará en su contra.
"Promesas huecas para estudiar (los asuntos migratorios) en el futuro son sólo eso, promesas huecas", dijo Sensenbrenner en un comunicado.
No obstante, la medida bipartidista autoriza el despliegue de diez mil agentes más de la Patrulla Fronteriza y cuatro mil nuevos inspectores de inmigración.
También establece normas federales sobre la emisión de licencias de conducir, pero deja intacta la autoridad que tienen los gobiernos estatales para la entrega de estos documentos.
Además permite que la Administración para la Seguridad del Transporte (TSA) fortalezca los requisitos de identificación para todos los pasajeros -sin importar su estatus migratorio- antes de abordar un vuelo comercial.
Grupos conservadores, como la Fundación Heritage y el Instituto Cato cuestionan la premura con que se negoció el texto final, sin escrutinio público y al servicio de ciertos legisladores.
Otras organizaciones progresistas, como la Unión para las Libertades Civiles de EU (ACLU), se oponen a las cláusulas del plan de reforma que expanden los poderes policiales para espiar a los estadounidenses y, a su juicio, merman los derechos civiles en el país.
"Desafortunadamente, este proyecto es una respuesta visceral a presiones políticas y está por verse si de verdad fortalecerá los servicios de inteligencia para prevenir más atentados", dijo a EFE Charles Peña, analista del Instituto Cato.
"No tenemos una bola de cristal, pero este proyecto sólo ofrece más burocracia ante un enemigo que no es burocrático. Se requiere un cambio cultural y eso toma tiempo", agregó el experto.
