“Es cosa fácil ser bueno: lo difícil es ser justo”.
Víctor Hugo
La Suprema Corte de Justicia se está convirtiendo en el escenario donde se dirimen los principales debates del país. Ahora le tocará determinar si el presidente de la República tiene la facultad de hacer observaciones a un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. El resultado práctico es lo de menos, ya que los diputados de oposición contarían con votos suficientes para echar para atrás las observaciones del presidente aun si la Corte le da el derecho de hacerlas. Pero es muy importante para nuestro país saber hasta dónde llegan los poderes presidenciales.
Quizá el aspecto más positivo de esta disputa es que se está dirimiendo de una manera institucional. No hubo un intento del presidente Vicente Fox de simplemente publicar lo que quiso del presupuesto, como hizo Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal hace algunos años en un momento en que la Asamblea Legislativa votó un presupuesto con el que él no estaba de acuerdo. Fox publicó el documento aprobado por los legisladores y al mismo tiempo promovió la controversia ante la Suprema Corte. A pesar de las descalificaciones intercambiadas entre el presidente y los diputados, ninguno está tomando un camino fuera de la Ley.
Tendremos que acostumbrarnos a que la Suprema Corte tenga un papel cada vez más relevante en la resolución de este tipo de conflictos. Ésa es precisamente la función de un tribunal supremo en un país con división de poderes. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones de la Corte, pero un tribunal de última instancia es absolutamente indispensable.
Si bien nuestra república tiene raíces que se hunden en la primera mitad del siglo XIX, la larga presidencia imperial del siglo XX hizo que la división de poderes se desvaneciera. Una consecuencia fue la indefinición de las facultades de cada una de las instancias de poder. La disputa sobre la capacidad del presidente para hacer observaciones a un presupuesto aprobado por los diputados es sólo un ejemplo. Pero hay muchos otros vericuetos de la Constitución mexicana que deben ser interpretados y aclarados por una Corte independiente.
El papel de los tribunales en la vida pública es quizá uno de los elementos más importantes de la transformación que estamos viviendo como nación. Me queda claro que las decisiones de la Suprema Corte no son tan atractivas para los medios de comunicación como, por ejemplo, el triunfo de un candidato de oposición en la elección presidencial del 2000. Pero tal vez son más importantes para la vida de los ciudadanos comunes y corrientes. Los medios de comunicación tampoco les prestan gran atención a los árbitros en el futbol más que para evidenciar sus errores. Pero sin ellos el juego no puede existir.
Este año la Suprema Corte tomó una serie de decisiones importantes más por las reglas que establecen para futuros conflictos que por las disputas en sí. Así, desechó la controversia del Gobierno del Distrito Federal por la enmienda al artículo 122 de la Constitución, obligó a las autoridades de Quintana Roo a reestablecer en la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) al mandatario legítimamente electo, resolvió contradicciones de tesis jurídicas sobre la indemnización en casos de divorcio, determinó que el delito de desaparición forzada es de carácter continuado o permanente (con lo que abrió las puertas al proceso de autoridades involucradas en la desaparición de personas durante la Guerra Sucia) y determinó que la entrega tardía de recursos a municipios genera intereses.
Además de estas decisiones la Corte llevó a cabo una consulta destinada a promover propuestas concretas para la reforma del sistema de impartición de justicia y elaboró un código de ética para el Poder Judicial de la federación. Ambos proyectos pueden ayudar a construir un sistema judicial más sólido y confiable.
No hay duda que sigue habiendo cuestionamientos a la integridad e independencia del Poder Judicial. El jefe de Gobierno de la ciudad de México, López Obrador, ha arremetido en varias ocasiones en contra de las decisiones de los jueces. Pero lo hace cuando los fallos le son adversos y no cuando lo favorecen.
En eso López Obrador no es distinto a un Hugo Sánchez que cuestiona la honestidad de los árbitros pero sólo cuando fallan en su contra. El problema es que ni él ni Andrés Manuel podrían hacer su trabajo si no hubiera árbitros.
Henrique y Beatriz
En 1977 trabajé seis meses en la Secretaría de Educación Pública con Henrique González Casanova fallecido este 17 de diciembre. Esos seis meses me dejaron marcado. González Casanova fue desde entonces y siempre mi maestro. Lamento su partida. Y lamento también que haya ocurrido meses después del artero homicidio de su hija Beatriz.
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