“Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas sino las ideas”.
Víctor Hugo
En México hay alrededor de 55 millones de pobres y 20 millones de miserables denominados “pobres extremos”. México es, tristemente, uno de los casos más dramáticos de mala distribución del ingreso, es decir que el pastel nacional se reparte mal, beneficiando a los que ya tienen y a los que más tienen. Las distancias se agrandan. La justicia es el gran tema de nuestro país. Pero no sólo lo es para los que carecen de todo o casi, también para los empresarios, para los comerciantes, para el ciudadano común la justicia es vital. En las sociedades injustas el consumo, los mercados no crecen al ritmo que podrían y eso afecta a los negocios. Las sociedades injustas son más inseguras, allí los inocentes son víctimas sistemáticas. Las sociedades injustas e inseguras alejan a los inversionistas y eso provoca más miseria. La injusticia es un problema madre y un mal negocio para todos.
El siglo XX mostró que las revoluciones son quimeras. La idea de ese gran acto justiciero, fundacional y casi instantáneo, se desmoronó. Las principales revoluciones, la rusa, la china, la mexicana, por mencionar algunas, no lograron consolidar formas estables de generación de riqueza. Las revoluciones no acabaron con la injusticia y rara vez devinieron en sistemas democráticos. La lección es clara: la justicia se construye lentamente y sólo aparece allí donde se busca prosperidad. La segunda mitad de siglo XX mostró que las sociedades cuentan con dos instrumentos centrales para generar mayor justicia. El primero es el empleo formal. Un salario justo, con las prestaciones de Ley correspondientes ha demostrado ser pilar de la justicia. La salud pública, la vivienda popular como objetivo ineludible y finalmente, los sistemas sólidos de pensiones, son las verdaderas armas que pudieron desplazar a la pólvora de los revolucionarios.
El segundo instrumento universal para generar justicia son los sistemas fiscales. Los principios básicos para que la fórmula funcione son pocos y sencillos: primero, que paguen todos los que deben pagar, es decir los que tienen ingresos; segundo, que paguen más los que más tienen y tercero, que el Estado sea eficiente en la recaudación e invierta en sus esenciales, salud, educación, seguridad e infraestructura que sólo puede ser desarrollada por el propio Estado. No a las excepciones, sí a un sistema fiscal general, fuerte y progresivo es la idea guía. Los países que la han seguido lentamente pero sin falta arriban a estadios de mayor justicia social. La injusticia no es fatalidad histórica. La justicia es una construcción humana y el plano es claro.
Las lecciones son dolorosas y a la vez esperanzadoras. Los recursos naturales que sí son resultado de una distribución azarosa y con frecuencia caprichosa, pasan a un segundo término. Venezuela, Brasil, Colombia, México, son ejemplos de vastos recursos y terrible injusticia. Finlandia, Singapur o Japón son ejemplos en el extremo contrario. Quienes pelean por caminar con seriedad hacia esquemas sociales de mayor justicia con frecuencia luchan por un ganador anónimo: un niño en una comunidad serrana que tendrá acceso a una clínica o a una escuela; un anciano que puede pasar en paz sus últimos años con una pensión justa. El discurso justiciero del marxismo peleaba a favor de ciertas clases sociales, de ciertas organizaciones, de ciertos grupos. Hoy la lucha es muy diferente.
El discurso justiciero moderno pelea a favor de categorías abstractas, no por ello menos reales: los mexicanos de los decíles de menores ingresos; los trabajadores que se jubilen en 2030; los empresarios con ingresos entre tal y cual, etc. En las sociedades con mayor justicia social los verdaderos ganadores son con frecuencia anónimos que carecen de una cabal representación política. Sin embargo, para un ciudadano común, no debería haber demasiadas dudas de quien lucha verdaderamente por la justicia y quien se le opone. Quien se opone a la inversión que genera empleo, a la larga, está provocando mayor injusticia. Quien se opone a la generalización y fortalecimiento de un sistema fiscal, está preservando a los miserables. Quien se opone a la extensión y fortalecimiento de los sistemas de salud pública y pensiones es un enemigo de la justicia. Quien se opone a que el Estado garantice la infraestructura necesaria para que la economía florezca, se creen empleos y se recaude más, es un perpetuador de injusticia. El fondo es bastante claro.
La confusión política hoy nos ahoga. La idea de justicia naufraga. El ciudadano común difícilmente puede distinguir quién defiende qué. Quebrada la representación corporativa del PRI y montados en un popular moda antineoliberal, sea esto lo que sea, muchos representantes populares hoy defienden posturas verdaderamente arcaicas y vergonzosas por contrarias a la justicia. Oponerse a la generalización de los impuestos garantiza la permanencia de millones de miserables. Claro los ganadores son ciertas clientelas partidarias de la peor ralea. Defender la economía informal, al ambulantaje, es la mejor forma de que el Estado no tenga dinero para romper los círculos de pobreza que perpetúan formas indignas de supervivencia.
Oponerse a la modernización del sector energético del país frena las inversiones y la creación de empleo, con lo cual muchos pobres de hoy serán padres de miserables del mañana. Eso sí los sindicatos de Pemex, Luz y Fuerza y CFE están encantados con la continuidad de sus prebendas.
Los ganadores concretos son muy pocos, los perdedores son y serán millones de pobres. Oponerse a la fría revisión del sistema de pensiones y al fortalecimiento de las instituciones de salud, les permite a unos pocos continuar con sus actuales privilegios, a la vez le garantiza a las futuras generaciones tener un mal servicio, pensiones de pena o simplemente no tener acceso a la salud pública.
Cada ocasión que uno de esos pequeños grupos obtiene una victoria en contra de la modernización de México debemos imaginar lo que padecerán otros por su culpa. Invocando sus mezquinas ideas de justicia grupal, defendiendo lo indefendible, muchos legisladores y políticos son ya los responsables de la futura injusticia general de su país. Los ganadores de hoy son los progenitores políticos de los miserables de mañana.
P.D. Por cierto, sería muy conveniente que al amparo del derecho a la información se ventilaran públicamente los contratos colectivos de, por ejemplo, el sindicato de Pemex, de Luz y Fuerza, del Seguro Social, de CFE entre otros. Simplemente para compararlos con otras empresas o instituciones del mundo. Digo.
