Estaba escribiendo este artículo relativo a la falta total de derechos humanos y políticos en Cuba cuando se daba la noticia acerca de la decisión soberana tomada por el Gobierno de México de llamar a su embajadora ante La Habana y darle 48 horas de plazo al embajador cubano así como a dos importantes funcionarios del partido Comunista de Cuba, para abandonar el país, para de esa manera poner las relaciones diplomáticas con el Gobierno dictatorial de Fidel Castro en crisis.
Antes de escuchar la noticia, escribía que el ver los videos de la llegada a México desde La Habana de Carlos Ahumada me condujo con la memoria directamente a los relatos periodísticos sobre las cárceles cubanas hecha por Armando Valladares y la afectación física y anímica que provoca esa privación total de cualquier clase de derechos fundamentales en las personas que han tenido que sufrirlas a lo largo de los casi 45 años de régimen dictatorial castrista. Fidel Castro ha vuelto a las andadas contra el Gobierno mexicano, agrediendo mediante sus declaraciones del primero de mayo también al pueblo mexicano que tanto le ha ayudado, e interviniendo directamente en la vida política nacional mediante sus argucias de dictador sin principios éticos, lo cual a muchos de los periodistas y pseudo intelectuales izquierdistas de nuestra patria los tenía felices y ahora desconsolados.
La venganza castrista por el voto lógico en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU provocó que el destino personal de Carlos Ahumada quedara sellado, en otra jugada de tres bandas de Fidel, para golpear al presidente Fox una vez más y beneficiando al Jefe de Gobierno del Distrito Federal con respaldo a su posicionamiento mentiroso y cínico de pretender revertir los incuestionables actos de corrupción llevados a cabo por cercanísimos colaboradores de su Gobierno que siguen impunes, al tiempo de reiterar en su papel de víctima, con la repetición histérica del ya aburrido por reiterativo cuento del complot.
El comunicado de la cancillería cubana para justificar la sorpresiva deportación de Ahumada se justifica en la presunción del Gobierno de Castro de que el caso es un escándalo político y no un asunto legal, al establecer que Carlos Ahumada confesó haber urdido la conspiración con meses de antelación sin que las autoridades cubanas hallan aportado ninguna prueba de sus dichos.
¿Por qué el empresario, que presentó una denuncia ante la PGR por extorsión y amenazas de muerte contra René Bejarano, cambió en Cuba su versión? ¿Habrán utilizado las autoridades cubanas los mismos artilugios que hicieron que hombres caídos de la gracia del régimen como Arnaldo Ochoa o Reinaldo Arenas entre muchos, acabaran confesando los delitos más inverosímiles y hasta clamando por la pena de muerte por su “incalificable traición contra Cuba y contra Castro? ¿Es legítimo seguir manteniendo relaciones con un Gobierno dictatorial intervencionista directo en la política interna de otros países y que en los últimos meses se ha dedicado a criticar duramente al nuestro?
