Visita hoy el titular de la PGJE las instalaciones de la Delegación Laguna I.
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Luego que otros dos agentes de la Policía Ministerial fueron suspendidos, con los que suman ya diez, se espera que en breve la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), emita su determinación para saber si tienen o no responsabilidad en el escandaloso caso de “narcosoborno”.
Gerardo Antonio Pérez Pérez, delegado de la PGJE en esta ciudad, señaló que se tata de Anastasio Guerrero y César Pizaña de la Cruz, quienes traían a su cargo la unidad B2-4753, misma que apareciera en una de las fotografías publicadas el pasado siete de enero en un periódico vespertino, donde ponían en evidencia el contubernio entre policías y “puchadores” en la colonia La Fe.
Respecto al otro vehículo oficial identificado como un Ford Focus, blanco sin número económico ni calcomanías, explicó que más bien se trata de un Dodge Neón y es otro de los autos involucrados y mencionados con anterioridad.
En los primeros días del presente mes y año, se puso al descubierto que en la avenida E, entre calles D y C de la colonia La Fe, acudían cada semana unidades policíacas tanto de Seguridad Pública como de la Ministerial, para recibir la cuota establecida por la protección que se les daba a los “puchadores” que aún siguen trabajando de manera impune.
Como resultado de lo anterior, fueron suspendidos 12 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, entre los cuales está Fernando Martínez Casas y Miguel Chávez, comandante del Sector Poniente y jefe de grupo, respectivamente, así como diez agentes ministeriales.
Pérez Pérez dijo que en el reportaje publicado se observan cinco patrullas de la DSPM y cuatro de la Ministerial, habiendo detectado a una más, luego de una revisión que dio como resultado el cese temporal de dos ministeriales más.
El funcionario externó su confianza de que en breve la Contraloría Interna dé su resolución sobre la presunta responsabilidad de los diez servidores públicos pertenecientes a la Procuraduría y determine si son reintegrados a sus labores o bien, sean dados de baja.
Chivos expiatorios
Si no se cuenta con el señalamiento directo del afectado, en este caso el “puchador”, no se les podrá comprobar nada a los elementos policíacos y por ende, serán reinstalados en sus respectivas corporaciones, al no haber ningún delito que perseguir, señalaron fuentes extraoficiales.
Como la Procuraduría General de la República (PGR) requiere de tener pruebas irrefutables para poder consignar el caso al Juzgado de Distrito en La Laguna, resulta imprescindible la acusación directa de quien estaba siendo “extorsionado” por los policías, refirieron los informantes anónimos.
Por ello consideraron como chivos expiatorios a los agentes actualmente suspendidos, quienes estimaron que volverán a su trabajo o por lo mucho dos o tres de ellos tendrán alguna responsabilidad para acallar el clamor de la ciudadanía, dijeron las fuentes no oficiales.
Viene el Procurador
Para este día se tiene contemplada la visita del procurador general de Justicia del Estado, Óscar Calderón Sánchez, quien recorrerá las instalaciones de la dependencia con sede en esta ciudad, para verificar el funcionamiento del Sistema Integral de Agencias del Ministerio Público del Estado de Coahuila (SIAMPEC).
El funcionario está a las 10:00 horas en la Delegación Laguna I de la PGJE, sito en calle Zaragoza No. 148 sur y durante su estancia se espera que informe si ya se dio vista a Contraloría Interna, el caso de la quinta El Dólar, propiedad del comandante de la Policía Ministerial, Ricardo Carrillo Lucero.
En la información publicada en El Siglo de Torreón, sección La Laguna, del 21 de diciembre de 2003, se menciona que varios lugares del poblado en mención, afirmaron haber visto unidades y elementos ministeriales, acarreando material de construcción e incluso laborando como albañiles en dicho predio.
El procurador, entrevistado vía telefónica, se comprometió hacerlo del conocimiento de Contraloría para que investigara si hubo o no utilización de los recursos de la PGJE y de resultar positivo, se aplicarían las sanciones correspondientes.
Inminente baja
Será el miércoles próximo, cuando en reunión con el Servicio Policial de Carrera, se determine el destino de los 12 elementos de Seguridad Pública que en la actualidad están suspendidos y que se les relaciona con el bochornoso caso del “narcosoborno”.
Francisco Javier Gutiérrez Pesquera, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), dijo que lo anterior debido a que se ignora cuánto se llevará con la investigación la Procuraduría General de la República (PGR), pues no se puede mantener por mucho tiempo inactivos a esos agentes.
Recordó sin embargo lo dicho por el alcalde, José Guillermo Anaya Llamas, en el sentido que aunque no tengan responsabilidad serán dados de baja, pues ya no contarían con la confianza de las autoridades.
Respecto al destino de Fernando Martínez Casas, “El Nando”, dijo que éste no entraría en esa determinación, aunque aclaró que continuará suspendido hasta que concluya la investigación.
