Hace años Jesús Blancornelas, fundador y director del semanario Zeta, luego de una serie de amenazas de muerte a distintos reporteros, sugirió que fundáramos una sociedad para la protección de periodistas.
En respuesta una veintena de profesionales en el país organizamos la Sociedad de Periodistas. El propósito era atraer los reflectores a los casos en los que un periodista fuese hostilizado o atacado por razones relacionadas con sus investigaciones.
Curiosamente el primer caso atendido fue el del propio Blancornelas: unas semanas después fue ejecutado por sicarios de los Arellano Félix. El editor de Zeta salvó la vida a pesar de recibir varios tiros en el cuerpo, gracias a que el verdugo que se acercó a darle el tiro de gracia recibió el rebote de una bala perdida de sus propios compañeros.
Desde entonces Blancornelas vive reponiéndose de las lesiones y prácticamente enclaustrado. Los Arellano Félix pusieron precio a su cabeza y recompensaban con una fortuna a quien lo liquidara. Lejos de dejarse amedrentar, Blancornelas y su equipo han continuado con sus denuncias contra el narcotráfico, contra los policías que lo protegen y contra los políticos que los utilizan.
Hace un par de semanas me llamó para reestablecer esa Sociedad de Periodistas. Él sentía que, otra vez, la represión en contra de los reporteros y editores se había desatado en el país. Y, por desgracia, una vez más, la fatalidad se imitó a sí misma; los instintos de Blancornelas no se equivocaban. Como todos sabemos Francisco Javier Ortiz Franco, coeditor del semanario, fue ejecutado en Tijuana el martes pasado.
El viernes el propio semanario dio a conocer tres líneas de investigación sobre el asesinato. Los pistoleros del barrio Logan de San Diego (responsables del operativo en contra de Blancornelas, años antes, por contrato de los Arellano Félix); Los Zetas, grupo de sicarios del Cártel del Golfo y Jorge Hank Rohn. Este último, como es sabido, es acusado por el semanario Zeta de ser el autor intelectual del asesinato de Héctor Félix Miranda, socio de Blancornelas, ocurrido en 1988 a manos de Antonio Vera Palestina, escolta de Hank.
Precisamente, en el momento de su muerte, Ortiz Franco se encontraba investigando para la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la muerte de Félix Miranda y la posible implicación de Hank (actual candidato a la alcaldía de Tijuana).
Más allá de esta macabra e interminable historia entre política, narcotráfico y periodismo honesto y valiente, la situación en Tijuana no es sino un caso extremo de un fenómeno que se hace cada vez más presente en el país.
El poder político perdió los mecanismos tradicionales para controlar a la prensa lo cual se ha traducido en una presión y una hostilidad crecientes hacia los periodistas. El narcotráfico y los policías que los protegen están decididos a intimidar a los profesionales de la comunicación para evitar que sus actividades sean objeto de difusión e investigación periodística. Si lo consiguen habrán asestado un severo golpe a la comunidad y al derecho que tenemos para conocer y resolver los problemas que atañen a todos.
Lo que sucede es que la mayor parte de las denuncias sobre corrupción y protección policíaca al crimen organizado se dan a conocer no en los tribunales, sino en las páginas de los periódicos, en los micrófonos de la radio. Los periodistas se han convertido en personas non gratas, en personajes incómodos. De allí la tentación que tiene el poder, tanto el legal como el ilegal, de eliminar al que investiga.
La única defensa contra la tentación de suprimir a un periodista consiste en elevar el costo de intentarlo. Esto sólo se consigue cuando se asegura que los responsables de una agresión reciben castigo y cuando los temas que se intentan ocultar son objeto de una mayor difusión.
Hace años, en Phoenix, Arizona, un reportero murió asesinado por la mafia cuando investigaba un caso de corrupción (una bomba hizo estallar su auto). La respuesta del gremio fue fulminante. Los periodistas más conocidos de Estados Unidos acudieron o asignaron personal para continuar investigando lo que se dejó trunco.
En las siguientes semanas docenas de reportajes en prensa, radio y televisión fueron publicados sobre las relaciones entre la mafia y las autoridades. Al crimen organizado le quedaron muy pocas ganas de volver a atacar a un periodista.
La cobertura informativa sobre el asesinato de Francisco Ortiz Franco ha sido muy intensa, en esta ocasión. Pero eso sólo es el primer paso. Lo verdaderamente importante sería profundizar la investigación de los temas en los que trabajaba el periodista sacrificado. Debemos pasarle el mensaje al crimen organizado que allá donde liquiden a un periodista sus actividades serán objeto de mayor difusión, sus delitos recibirán mayor atención. Es la única manera de lograr que la muerte del editor de Zeta no quede impune y, sobre todo, es el mejor recurso para evitar que estos asesinatos se repitan.
Es imprescindible que la sociedad perciba que todo ataque a un periodista honesto significa un ataque a la comunidad misma y a su derecho a estar bien informada.
Hoy el semanario Zeta está de duelo. Todos estamos de duelo. Descanse en paz un profesional caído en la trinchera.
Jzepeda52@aol.com.mx)
