El ejercicio de la acción penal en contra de Rubén Cárdenas Vázquez, coordinador de Inspección Municipal, por el presunto delito de allanamiento de morada, desapareció, una vez que la Presidencia Municipal logró conciliar con la denunciante y así evitar que el Juez Segundo de lo Penal girara una orden de aprehensión en contra de este servidor público y se desmentió que hubiera existido una negociación económica por 100 mil pesos.
Hace varios días que fue denunciado Rubén Cárdenas por la aparente comisión del delito de allanamiento de morada, cuando supuestamente ingresó al domicilio de la denunciante, Paula Inés Herrera Aragón, quien dijo tener su domicilio en la calle Miguel Aguirre 130 ?C? en el fraccionamiento Domingo Arrieta, en un operativo que realizó la Coordinación de Inspección Municipal, cuando registró una presunta ventana clandestina.
En la denuncia la afectada indica que los inspectores municipales ingresaron al domicilio sin consentimiento alguno de la propietaria. Mientras el agente del Ministerio Público ya había integrado la averiguación y realizó la respectiva consignación ante el Juez Segundo de lo Penal, la orden de aprehensión no se cumplimentó gracias a la intervención de la Presidencia Municipal.
Jorge Herrera Delgado, acalde capitalino, señaló que no hubo pago económico de ninguna índole con la denunciante, sino que simplemente hubo un análisis de la información y se logró el desistimiento a través del acercamiento y del respeto de los derechos, aseguró.
Dijo que hubo el análisis de un video en el que se desmiente la versión de la denunciante y en el que se basó la negociación, con lo que finalmente se obtuvo el desistimiento de la denuncia.
Rubén Cárdenas seguirá en el cargo y con respecto a las declaraciones que han realizado diversos regidores, unos de oposición y otros, incluso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en torno a que Roberto Bravo no había ?dado el ancho? y que no estaba dando resultados en la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el Presidente Municipal manifestó el respeto a las declaraciones de los regidores, pero dijo que a él le parecía que sí estaba haciendo su trabajo y que sólo se harán unos ajustes en la corporación.
Las supuestas irregularidades que se le imputan a Roberto Bravo se registraron en el poblado La Ferrería, durante el pasado fin de semana, donde también hubo presunto allanamiento de morada en cuatro domicilios a través de policías preventivos.
Convenio
Se coordinan para fiscalizar recursos
Ayer el Municipio de Durango fue el primero de los 39 que integran la entidad que firmó el convenio de coordinación con el Congreso del Estado y la Entidad Superior de Fiscalización, con la finalidad de que haya el menor número de observaciones en las cuentas públicas municipales.
La Contraloría Municipal operará en forma autónoma y se conoce el funcionamiento de cada órgano, según se dijo en la reunión, donde participaron las autoridades municipales, del Congreso y del Gobierno del Estado.
Desafortunadamente la firma del convenio se atrasó por más de media hora por la demora que tuvo el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Ricardo López Pescador, y por otro lado, se esperaba la presencia del presidente de la Comisión de Administración Pública, legislador Rodolfo Guerrero García, también del Congreso, pero nunca llegó.
