EL PAÍS
BOGOTÁ, COLOMBIA.- El presidente colombiano, Álvaro Uribe, echó para atrás su posición inmodificable de no desmilitarizar ni un centímetro de territorio para negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país, la libertad de 62 secuestrados canjeables. Lo hizo al aceptar una propuesta de los gobiernos de España, Francia y Suiza para intentar buscar una salida a este drama: Uribe ha aceptado establecer una zona desmilitarizada de 180 kilómetros cuadrados cerca de Pradera, en el departamento del Valle, al suroeste del país.
Algunos de los secuestrados llevan siete años en poder las FARC; con ellos pretenden lograr la libertad de 500 de sus militantes que están en las cárceles del país. “Aceptamos esta modificación a la postura que hemos tenido tradicionalmente porque confiamos en la comunidad internacional”, dijo Uribe, al hacer el anuncio, el martes en la noche.
Entre los canjeables hay 25 políticos, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancurt, quien tiene también la ciudadanía francesa, tres estadounidenses y 34 miembros de la Fuerza Pública. Los emisarios de los tres países estuvieron en el país del 28 de noviembre al dos de diciembre. Inspeccionaron el lugar, levantaron planos y se reunieron con comandantes guerrilleros. El martes presentaron a las dos partes una propuesta: Sistema de seguridad para un Encuentro Humanitario en la cordillera central. Es un punto intermedio entre las dos posiciones: Pradera es uno de los dos municipios que exigen las FARC para el diálogo con el Gobierno.
El Retiro, un pequeño caserío encaramado en la montaña, donde viven apenas 30 familias junto a una iglesia y una cancha de futbol, sería el escenario del diálogo. Es un sitio clave para las FARC pues lo usan como corredor para comunicarse con los departamentos del otro lado de la cordillera central. 40 observadores internacionales, ubicados en cuatro puntos estratégicos, se encargarían de controlar el acceso desde siente días antes del encuentro hasta siete después. La propuesta no determina cuánto tiempo durarían las conversaciones.
La guerrilla ha repetido que necesita un mes para que sus delegados puedan llegar, hablar y salir sin temer por su seguridad. En la zona desmilitarizada no podrá haber Fuerza Pública, pero tampoco guerrilleros. En el caserío sólo estarían los negociadores, la Cruz Roja y delegados de los tres países garantes. Esto, dijo el presidente, Álvaro Uribe, fue determinante para que aceptara la fórmula. La marcha atrás del presidente en su posición ha sido interpretada por algunos como una jugada electoral puesto que Uribe se presenta a la reelección en mayo.
La presión, tanto nacional como internacional, para que el Gobierno diera su brazo a torcer era cada día mayor. “Es una oportunidad para que las FARC demuestren al país su voluntad de paz”, dijo Fabiola Perdomo familiar de uno de los 12 políticos del Valle que forman parte del grupo de canjeables.
