“Semejar quiere el denuedo/ de vuestro parecer loco -reprochó Sor Juana a los hombres necios, hace cuatro siglos- al niño que pone el coco/ y luego le tiene miedo”. Un temor análogo parece asaltar a los partidos que crearon órganos electorales que suscitaran confianza en los comicios, y ahora parecen encaminarse a volver atrás. En el panorama nacional aparecen señales aisladas, no constitutivas todavía de una tendencia sostenida pero sí reveladoras de un malestar que podría conducir al grave efecto de debilitar a los árbitros electorales.
Ante una decisión del IFE que sólo tenía efectos procesales -no es oportuno estudiar el fondo de la reforma estatutaria de ese partido, dijo el consejo general el 31 de enero- el Verde Ecologista reaccionó con furia. Su representante Arturo Escobar, que un año atrás había salido a hombros de la sesión en que indebidamente se declaró la procedencia constitucional y legal de una reforma incompleta, esta vez salió dando un portazo y anunciando, además de su retiro de las sesiones -medida caprichosa que sólo afecta a quien la adopta, como el niño airado que para castigar a sus padres va a la cama sin cenar-, la promoción de juicio político no contra el órgano electoral en que tiene servidores y aliados, sino contra los consejeros que osaron no sujetarse a sus exigencias. Consiguió el Verde, también, que el Senado y la Cámara enviaran recados al IFE y al Tribunal Electoral, mensajes que serían ociosos si nos atuvieramos a su texto -pues demandan que esas autoridades hagan lo que hacen, cumplir la Ley-, pero entrañan peligro como muestra de esa desazón contraria a los órganos electorales de que estamos hablando.
Frente a la nueva sentencia del jueves pasado contra la anti democracia que priva en su seno, el PVEM no reaccionó ya con rabia, ni amenazó con juicio político. Pero previno a los demás: “La resolución del Tribunal y sus consecuencias no sólo afectan al Partido Verde sino a todos los partidos políticos. Lo que está en juego es la definición precisa, justa y equitativa de la línea que divide el derecho de autonomía y de autogestión que tienen los partidos garantizados (sic) en la constitución y en las leyes, y el derecho de la autoridad a regular su vida interna”.
Dicho malestar de los partidos contra los órganos electorales independientes ha comenzado a manifestarse en varias vías de hecho. Me refiero a la continuación de dos casos, de diversa naturaleza y de distinto alcance, que ponen en riesgo la distancia entre los gobiernos y los órganos electorales, distancia de que ha dependido la credibilidad de los procesos de elección.
En diciembre pasado, la nueva legislatura veracruzana dio un paso atrás, que puede ser el primero hacia la restauración del viejo orden en materia de regulación electoral. Devolvió a los partidos el control que habían perdido en favor de instancias ciudadanas que impiden, en la forma al menos, que la condición de juez y parte se reúna en los partidos como antes estuvo concentrada en uno solo de ellos, el dominante. Montados en la buena razón de que es preciso aminorar el costo del aparato electoral, diputados del PRI, el PAN y Convergencia que como candidatos se impregnaron de la beligerancia de la contienda, mudaron la dirección de sus ímpetus y la lanzaron contra los consejeros electorales. Suprimieron sus funciones en los dos años en que no hay procesos de elección, lapso en que el consejo se compondrá sólo por los representantes de los partidos (como en los viejos tiempos de las comisiones estatales, y federal, previas al nacimiento del IFE y sus instituciones semejantes en los estados). Y, como ensayo hacia la devolución de las atribuciones electorales a órganos de Gobierno, asignaron a los ayuntamientos la responsabilidad de organizar elecciones de agentes y subagentes municipales. El partidarismo presumible en el ejercicio de esa función será, sin duda, fuente de problemas.
Los padece ya en su vida personal -en el segundo caso concreto a que me refiero hoy- la abogada Adriana Ruiz, que hasta diciembre pasado presidió el Tribunal Electoral de Colima, a quien se persigue penal y políticamente porque tuvo el valor de admitir en sus fallos denuncias opositoras contra argucias del PRI. Aunque ese órgano de la justicia electoral no anuló la elección de gobernador en julio de 2003, colocó las bases para que el Tribunal Federal pudiera hacerlo. En la instancia local quedó acreditada la intervención en los comicios del gobernador Fernando Moreno Peña, infracción que sirvió al Trife para anular una elección estatal por segunda vez en la historia (la primera había ocurrido tres años atrás en Tabasco).
Se realizó, por lo tanto, una elección extraordinaria, en que de nuevo obtuvo el triunfo Gustavo Vázquez Montes, beneficiario de la intromisión gubernamental. Se cometieron de nuevo atropellos (como que los votos decisivos se depositaran en casillas cuyo personal había sido sustituido de última hora), por lo que la presidenta Ruiz preparó un dictamen que anulaba otra vez las elecciones, y recabó el voto de los dos magistrados restantes. Pero estos se rajaron y suscribieron una resolución en sentido contrario que, confirmada por el Tribunal Federal, permitió a Vázquez Montes asumir la gubernatura. Por si fuera poco, los magistrados de voluntad frágil la acusan de que la presidenta los obligó a firmar sin hacerles conocer la ponencia, mientras que el PRI la denunció por falsificar las firmas de los cobardes.
