EL UNIVERSAL-AEE
BRUSELAS, BÉLGICA.- Los 25 Estados miembros de la Unión Europea (UE) llegaron ayer al acuerdo de guardar entre seis y 24 meses los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para luchar contra el terrorismo.
Esta práctica, que aún debe ratificar el Parlamento Europeo, será obligatoria a partir de la segunda mitad de 2007 y permitirá saber quién ha hecho una llamada y a quién, el lugar de procedencia y su duración, pero no el contenido, que seguirá sujeto a la decisión de la autoridad judicial.
Dadas las enormes divergencias entre los Gobiernos para llegar al acuerdo todos tuvieron que hacer concesiones, según reconoció el ministro británico del Interior, Charles Clarke, en nombre de la presidencia de turno de la UE que ocupa su país.
Para lograr una mayoría, se ha introducido una enorme flexibilidad a fin que los Estados miembros que así lo deseen puedan ir más allá de lo que señala la directiva (Ley-marco).
Así, aunque se fija que el periodo de retención será de entre seis y 24 meses -del Parlamento quiere de seis a 12-, los países que lo deseen podrán conservar los datos por más tiempo.
La norma afectará a las llamadas telefónicas y electrónicas, así como a los correos electrónicos, mientras que en el caso de las llamadas perdidas o no atendidas -un punto esencial para España- estarán incluidas pero sólo de forma parcial.
Se retendrán las informaciones relativas a las llamadas realizadas y contestadas; se excluyen las “totalmente fallidas”, es decir, que no han sido recibidas, y las no atendidas aparecen de forma parcial.
Tendrán obligación de retener los datos relativos a las llamadas no atendidas sólo las compañías que ya lo hacen en la actualidad, lo que responde a la petición de Alemania, Finlandia y Austria.
