“Somos los primeros comprometidos con México y su destino, porque tenemos la
certeza de que todos los sectores unidos
somos más grandes que nuestros desafíos”.
Acuerdo Nacional para la Unidad
México necesita un acuerdo político. Ésa es la razón por la cual un grupo amplio de la sociedad ha hecho un llamado para que los políticos dejen atrás sus diferencias y acepten tomar una serie de medidas que impulsen hacia delante nuestro país.
Tenemos que reconocer que algo no está marchando bien en México. Nadie en su sano juicio cuestiona la estabilidad macroeconómica. Ya los trabajadores no ven perder en unos cuantos meses una parte importante del poder de compra de sus ingresos. Pero se necesita más que eso. Es importante que la economía mexicana empiece a crecer y a generar empleos formales.
Necesitamos también enfrentar el problema de la inseguridad. No es razonable esperar que haya inversiones a largo plazo cuando los posibles inversionistas corren el riesgo de perder todo su patrimonio por un secuestro. Es lógico también el llamado para la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Es difícil apostarle al futuro de un país en el cual la justicia es lenta y azarosa.
Las propuestas que plantea en el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo son suficientemente amplias para permitir un consenso entre grupos muy distintos de la sociedad. ¿Quién puede oponerse, por ejemplo, a la modernización de la producción rural que favorezca las inversiones? ¿Quién puede negarse a crear un clima favorable a la inversión privada y social que aliente el desarrollo empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas? ¿Quién puede cuestionar la eliminación de trámites y regulaciones innecesarias? ¿Quién puede estar en contra de promover una mayor calidad en la educación y la salud?
Es en el detalle, por supuesto, donde surgen las diferencias. Y ha sido en el detalle donde se ha detenido hasta ahora la realización de reformas. El hecho es que llevamos casi una década con una parálisis legislativa en aquellos temas que realmente podrían servir para sacar al país adelante y en que el diálogo político se ha convertido en una cascada de diatribas.
La verdad, sin embargo, es que como país no podemos darnos el lujo de quedarnos varados en este ambiente político. Otras naciones del mundo han logrado progresar en las últimas décadas porque han podido impulsar acuerdos políticos fundamentales.
El ejemplo más notable es, por supuesto, España, país en el que los Pactos de La Moncloa de 1977 fijaron una serie de acuerdos económicos que le permitieron al país salir de la crisis económica en que se encontraba en el momento de la transición a la democracia y en que la Constitución de 1978 estableció reglas políticas aceptables para todos los partidos y todos los grupos políticos y sociales comprometidos con la democracia. Esos acuerdos sirvieron de base para crear un sistema político que ha podido tomar medidas económicas sensatas y consistentes independientemente de qué partido ha ocupado el poder.
Otro ejemplo nos lo da Chile. Es verdad que los fundamentos de la actual política económica se sentaron en la segunda mitad del Gobierno militar de Augusto Pinochet. Pero ya terminada la dictadura, la alianza política entre los democratacristianos y los socialistas, que implicó la conservación de un modelo económico que independientemente de su origen había tenido éxito, ha ayudado a convertir a Chile en la economía más competitiva de América Latina.
México necesita un acuerdo fundamental de este tipo: un acuerdo en el que se establezcan las bases para crear un verdadero Estado de Derecho en cuyo marco se apliquen estrategias sensatas para construir una economía de mercado con instituciones de apoyo social. Ya no se puede seguir discutiendo el modelo. La experiencia nacional e internacional nos demuestra que no hay otras opciones, si lo que realmente se quiere es construir una sociedad próspera y estable.
Si para eso puede servir el Acuerdo Nacional, bienvenido sea. Si este documento se puede convertir en un punto de referencia que guíe las decisiones del nuevo Gobierno, independientemente de quién lo encabece, el esfuerzo habrá valido la pena.
ACUERDO CAÑERO
La Presidencia de la República ha celebrado el nuevo acuerdo cañero que ha permitido levantar el bloqueo que asfixiaba la sede de la Secretaría de Agricultura. Pero en realidad lo único que ha hecho el Gobierno es echarse nuevamente para atrás bajo presión. La nueva Ley Cañera es un engendro que establece un sistema de planificación central para la industria del azúcar. El costo de la sovietización del mercado de la caña lo terminaremos pagando todos los mexicanos.
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