Podrían Gonzalo Sánchez de Lozada y quince ministros que le colaboraban durante 2002-2003, ser procesados por la muerte de 60 personas y 151 heridos.
Sucre (Bolivia), (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de Bolivia presentó hoy la acusación formal contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por el delito de genocidio, para que sea procesado en la Corte Suprema de Justicia.
La demanda de la Fiscalía boliviana, inicialmente prevista para el próximo mes, fue entregada en la ciudad de Sucre, al sur del país, sede también de la Corte Suprema, que tendrá a su cargo el juicio de responsabilidades contra el ex mandatario.
El proceso contra Sánchez de Lozada y los quince ministros que le colaboraban en el periodo 2002-2003, a los que se les pide rendir cuentas por la muerte de 60 personas y 151 heridos, fue autorizado por el Congreso Nacional hace cuatro meses.
El asesor de la Fiscalía, Jaime Tapia, declaró que la imputación por genocidio es la única que corresponde, debido a que el Congreso sólo reconoció ese delito en la autorización emitida el 14 de octubre pasado.
La acusación de genocidio está dirigida también contra los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y del Interior, Yerko Kukoc del Carpio, en tanto que son identificados como cómplices los otros trece ministros que colaboraban con el ex gobernante en el periodo citado.
El ex presidente y el ministro Sánchez Berzaín se encuentran en Estados Unidos, en calidad de refugiados, desde el 17 de octubre de 2003, cuando su gobierno fue obligado a dimitir por la presión de una ola de manifestaciones violentas en las ciudades de La Paz y la vecina localidad de El Alto.
Tapia explicó que, en el periodo de debate en la Sala Penal de la Corte Suprema, única con atribuciones para aceptar o rechazar la acusación fiscal, se podrán incluir a otros ex funcionarios menores de la administración 2002-2003.
En el plazo de seis meses, el fiscal emitirá una acusación de conclusiones y la Sala Penal del máximo tribunal decidirá si acepta la imputación, con lo que el proceso entrará en la fase de juicio de responsabilidades.
En esta etapa, las autoridades convocarán a los acusados y, en caso de negativa, podrán solicitar el apresamiento de los que se encuentren en el territorio boliviano y aún de su extradición si se hallan fuera de Bolivia, precisó el asesor.
El juicio de responsabilidades fue solicitado por varios partidos políticos, sindicatos y organizaciones populares en demanda de cárcel para los culpables y resarcimiento de los daños materiales registrados entre septiembre y octubre de 2003.
En ese periodo, las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza las manifestaciones contra el gobierno boliviano, que se saldó con al 60 víctimas, 151 heridos de diverso grado y elevadas pérdidas en edificios y carreteras del país.
