El caso aún está pendiente de una resolución final. Pero por lo que se sabe difícilmente podrá la Procuraduría General de la República convencer al Tribunal Colegiado que conozca del asunto que es posible juzgar al doctor Rogelio Montemayor por el delito de peculado electoral
De ahí que aquella expresión del hoy diputado federal Francisco Barrio (cuando era secretario de la Función Pública) que “el presidente no cambiaba cacahuates por lingotes de oro”, probablemente se revierta y quienes consideraron que todo lo podían convertir en oro se queden con unos cuantos abalorios con los que no lograron convencer a la justicia de que la verdad está de su lado.
La operación por la que al principio del sexenio se instauraron diversas causas en contra de Rogelio Montemayor y Carlos Juaristi (cuando ambos fueron servidores públicos en Pemex) fue muy sencilla: De acuerdo con el contrato colectivo firmado con los trabajadores esa paraestatal hizo entregas económicas adelantadas contra las cuotas sindicales que el mismo Pemex se encarga de recaudar y con las cuales se cobraría ese adelanto.
La entrega se realizó en su momento entre otras instancias con la aprobación de la entonces Contraloría, con la de Hacienda y ante la autoridad laboral.
Si de esas cantidades el sindicato entregó dinero al Partido Revolucionario Institucional, fue por propia determinación de su comité ejecutivo nacional; con el añadido de que al ingresar esos recursos al sindicato éstos dejaban de tener el carácter de públicos, de manera que lo que el comité hiciera con ellos, era bajo su estricta responsabilidad y los únicos que le podían reclamar su proceder (entonces y ahora) eran sus agremiados.
Estas operaciones, por más que puedan parecer a los ojos del pueblo escandalosas, son frecuentes en este tipo de organismos. Tan ello es así, que quienes sustituyeron a Montemayor y Juaristi en los cargos que éstos ocupaban hicieron idénticas operaciones, la última de ellas, el año pasado, por la cantidad de ocho mil millones de pesos.
Derivado de la causa penal que se instauró en su contra, la Procuraduría solicitó y obtuvo la extradición de Montemayor. Pero el Gobierno norteamericano obsequió esa petición excluyendo de los delitos que se le imputaban al ex gobernador de Coahuila el de peculado electoral.
El tratado de extradición entre México y EU es muy claro al establecer que sólo se puede extraditar a una persona cuando el delito que se le impute sea punible tanto en un país como en el otro y ese delito de peculado electoral no existe en EU de manera tal que en estricto cumplimiento del tratado el Gobierno de aquel país concedió la extradición para que Montemayor fuera juzgado sólo por otros dos delitos.
Ante tal situación la PGR insistió ante el Gobierno norteamericano para que se incluyera el peculado electoral y poder someter a juicio a Montemayor por el delito de mayor gravedad, pero el Gobierno norteamericano negó tal solicitud y ante el empecinamiento de la PGR aquél se vio obligado a interponer un juicio de Amparo que le fue recientemente concedido.
Hasta ahí el aspecto jurídico está claro y difícilmente el ex gobernador podrá ser juzgado en México por el delito mencionado que ilegalmente se le imputa.
Pero en el aspecto político es evidente que lo que buscan los alquimistas fallidos del actual régimen es convencer a la ciudadanía de que el escándalo que armaron en verdad tenía sustento legal y de esa forma desterrar la impresión de que todo obedecía a una venganza contra uno de los más fuertes opositores del presidente Vicente Fox, pues cuando éste era gobernador de Guanajuato en varias ocasiones Montemayor cuestionó su actuación como tal e incluso le propuso debatir públicamente sobre los logros en Coahuila y Guanajuato a lo que aquél se negó sistemáticamente y sólo en una ocasión aceptó, pero no salió bien librado.
El llamado Pemexgate es sin duda uno de los “lingotes de oro” que sus estrategas jurídico-políticos le ofrecieron al presidente y por eso ahora ya no encuentran cómo justificar que tenían razón, pues en los tribunales, hasta el momento, se les ha demostrado lo contrario.
Seguramente, otro de esos lingotes lo constituye la petición de desafuero del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, que puede también concluir en un fiasco jurídico y en un serio dolor de cabeza para el presidente desde el punto de vista político.
Está claro que ni la aplicación de la Ley ni la justicia pueden quedar al arbitrio del poder político. Porque la verdad legal debe prevalecer siempre en una sociedad que como la nuestra se precia de vivir en un sistema de Derecho.
