Como si no fuera suficiente con todo el margallate que se ha armado en el asunto de Andrés Manuel López Obrador, los “brillantes” estrategas políticos del Gobierno foxista sumaron esta semana a esa cadena de absurdos el ardid de mandar a dos imberbes asambleístas del PAN a pagar una caución que previamente la Procuraduría General de la República había fijado para que el desaforado pudiera permanecer en libertad.
Lo primero que salta a la vista es que se trata de una maniobra orquestada por el Gobierno desde el cual, incluso, se festinó la acción realizada por los políticos novatos que de entrada mintieron descaradamente.
En efecto, los asambleístas Jorge Lara y Gabriela Cuevas, sostuvieron primero que a partir de una idea expresada por Felipe Calderón se habían dado a la tarea de investigar si no estaba prohibido pagar la “fianza” (caución) y vieron que tal era posible, así que hicieron una “vaquita” y la pagaron, informando después a la dirigencia del Partido de lo que habían hecho. Fue, dijeron ellos, un acto de buena voluntad ¿?
Sin embargo, el presidente del PAN, Manuel Espino, declaró que Lara y Cuevas le habían llamado para consultarlo sobre lo que “Iban a hacer” y él les comentó que le parecía “magnífico” que siguieran adelante y así lo hicieron. Luego entonces, primero consultaron y después actuaron y no a la inversa como habían declarado ellos públicamente.
En esa virtud, los asambleístas mienten paladinamente al decir que ellos lo hicieron sin previa consulta y que su única finalidad es que este asunto ya termine y López Obrador se deje de “payasadas”, pues es evidente que él lo que quiere es sacarse la foto dentro de la cárcel.
¡Vaya novedad! Claro que Andrés Manuel apuesta buena parte de su capital político a que lo metan a la cárcel para desde ahí, con derecho o sin él, hacer campaña con miras a ganar la Presidencia de la República. Prueba de ello es que el jueves acudió ante el juez penal para manifestar su rechazo a la caución y pedir que ésta se deje sin efecto.
Lo que resulta absurdo es que sean ahora el Gobierno y el PAN los que estén buscando la forma de salir del berenjenal en el que se metieron con el famoso juicio de desafuero y los ataques premeditados a López Obrador, a quien, por cierto, muchos de ellos (incluido el vocero presidencial) se refieren simplemente como “el señor López”, como si de esa forma pudieran lograr que el pueblo no se dé cuenta de a quién se refieren.
Está claro y dicho sea de paso, que los diputados del PRI que votaron a favor del desafuero se mantienen ahora a prudente distancia en ejecución de una doble estrategia: Ver, por una parte, qué curso toman los acontecimientos, pues saben que una parte importante del pueblo está con López Obrador y por tanto en contra del desafuero; y por otra, dejar que el PAN, junto al Gobierno y el PRD se desgasten en esta lucha, considerando que lo que debilita a ambos puede fortalecerlos a ellos.
Como en muchos otros momentos de todo este affaire, en éste abundan las implicaciones jurídicas.
¿Puede una persona pagar caución por otra aun contra su voluntad para que ésta no vaya a la cárcel?
El Código Federal de Procedimientos Penales no establece una prohibición expresa, porque parte de la base de que cualquiera que esté preso o a punto de pisar la cárcel lo que quiere es que eso no suceda.
Pero a nuestro juicio el citado Código no contempla esa posibilidad porque se entiende implícita. Esto es, el legislador partió del supuesto de que nadie que tenga derecho a la libertad bajo caución desea permanecer en la cárcel y que si no se acoge a ese beneficio es porque no tiene dinero para hacerlo; así que si otro lo hiciera por él estaría encantado de tan generosa acción.
Pero es obvio que contra su voluntad no puede operar ese beneficio. Pensemos solamente en el caso de una persona que se sabe inocente y no desea abandonar la cárcel si no es mediante una sentencia firme en la que se declare que no es culpable de los delitos que se le imputan. Estaría en todo su derecho de no acceder al beneficio comentado. ¿O no?
Quizá incluso pueda suceder que el procesado se encuentre más cómodo dentro de la cárcel que fuera de ella y no desea recuperar su libertad aunque pueda hacerlo mediante el depósito de una caución.
Como ejemplo hipotético de lo anterior, recordemos aquella vieja película de Joaquín Pardavé, titulada: “Dos pesos la dejada”, en la que a éste estando preso le comunican que va a quedar libre porque ya cumplió su condena y entre otros argumentos para resistirse a dejar la ergástula, alega que ahí adentro, él tiene seguras sus tres comidas y afuera, en la calle, a duras penas logra hacer una al día.
Es verdad que en tales circunstancias, cuando se ha cumplido la condena, no hay razón para que un reo continúe ocupando un espacio dentro de nuestras saturadas cárceles.
Pero en el caso de Andrés Manuel está claro que si él se niega, como ya lo hizo, a acogerse al beneficio señalado el juez tendrá que resolver lo conducente, es decir, si en su momento lo encarcela o no.
Mas entre que son peras o manzanas, López Obrador puede pisar la cárcel y eso bastará en principio para que logre sus propósitos políticos y publicitarios.
Por lo demás, es risible el hecho de que la propia Procuraduría que con tanto encono ha actuado para que se “castigue con todo el peso de la Ley” a Andrés Manuel le haya fijado una “fianza” de dos mil pesos para que conserve su libertad.
¿En eso tasa la PGR la gravedad de este caso que ha convulsionado a la República?
¡Cuánta ridiculez! En verdad que se metieron en un gran berenjenal del que ahora no hayan cómo salir.
