Todo indica que la administración de Vicente Fox ha decidido cerrar el sexenio confrontándose con las principales fuerzas políticas del país.
Tal vez tanto él como sus asesores partan del supuesto, en algún momento externado por ellos, de que el Partido Revolucionario Institucional “está muerto” y basados en esa consideración apliquen aquel viejo dicho castellano de que: “a moro muerto, gran lanzada”. Pero, sin duda, no es como ellos lo ven.
Sostenemos lo anterior, pues de otra forma no se explica el hecho de que apenas si comenzaron a recomponer las cosas con el Partido de la Revolución Democrática y ya abrieron un nuevo frente con el PRI al revivir el asunto del Pemexgate, aplicando multas exorbitantes e inhabilitaciones que seguramente serán impugnadas ante los tribunales administrativos.
La única explicación con sentido, aunque político, es la que se refiere al hecho de que la Presidencia de la República busca deses-peradamente un elemento distractor que haga al pueblo voltear los ojos hacia otro lado, pues por ahora los tiene puestos en los hijos de Marta Sahagún.
Y cómo no los va a tener si la vox populi y los medios de comunicación se han encargado de esparcir datos concretos sobre los presuntos negocios de los “empresarios” Bribiesca Sahagún.
Bástenos en este punto con citar el dato referente a la empresa “Facopsa”, propiedad de Cosme Mares (quien se dice es prestanombres del vástago mayor de Marta) a la cual se le han otorgado contratos para la construcción de carreteras por un monto de: $2,528,854,828.62 billones de pesos.
Pero además, en varias de estas operaciones contractuales la compañía mencionada ha quedado mal incumpliendo sus obligaciones sin que se le aplique sanción alguna. No obstante lo anterior, Mares niega la relación con los Bribiesca.
A su vez, en los corrillos empresariales se afirma en tono de queja que los hijos de la señora Sahagún trafican influencia en Infonavit y Aduanas.
Todo esto y más, debe tener preocupado al presidente y al PAN; y más después de que la Cámara de Diputados decidió integrar una comisión que investigue todas esas denuncias públicas y por eso es posible que les urja distraer la atención.
Ello, sin embargo, no significa que la secretaría de la Función Pública dejara de actuar. Pero sí que, como en otros casos, los procedimientos desarrollados por ella se debieron de ajustar a derecho. Sin embargo, por lo visto, no sucedió así.
En efecto, no se puede considerar que esos procedimientos estén ajustados ha derecho si de entrada las sanciones son violatorias de la Constitución, pues ésta en su artículo 22 establece que quedan prohibidas las multas excesivas y desde luego las que les fueron impuestas a Rogelio Montemayor y Carlos Juaristi, lo son.
Por otra parte, conviene recordar, por señalar sólo un par de datos, que los contratos con el sindicato de Pemex, que son la causa fundamental sobre la cual se apoyan los procedimientos administrativos, fueron sancionados por una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Y también que en el presente sexenio, bajo la dirección de Raúl Muñoz Leos, Pemex se hizo el compromiso de entregar al sindicato en partidas diferidas la cantidad de ocho mil millones de pesos, de la misma forma en que se hizo en el año dos mil.
¿Por qué, entonces, se castigan drásticamente aquellas operaciones y respecto a ésta que mencionamos nada se ha hecho?
¿Cómo creer que estas sanciones no entrañan una torcida intención política?
En el caso de López Obrador mucho se insistió en que estábamos en presencia de una aplicación selectiva de la justicia; y todo indica que el Gobierno foxista está ahora, en el caso comentado, haciendo lo mismo que hizo en el asunto del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Las reacciones de PRI ante los actos comentados fueron inmediatas y seguramente las posiciones políticas se habrán de recrudecer en los próximos meses.
Pero además de ello debe considerarse que estas confrontaciones sólo generan inestabilidad y eventuales vendettas que tarde o temprano se cobrarán, a pesar de que eso no sea bueno para el país.
Así, por ejemplo, sucederá con la resolución que sobre el Presupuesto federal acaba de pronunciar la Corte, porque casi con seguridad la Cámara de Diputados repetirá la dosis.
Las posibilidades de que el PAN pierda la Presidencia en el dos mil son altas. Si tal sucede y el PRI recupera la Presidencia, ¿dejará de actuar este partido en contra de quienes a su juicio hayan incurrido en delitos y que hoy son parte de la administración gubernamental?
Si fuera el PRD quien, con Andrés Manuel a la cabeza, ganara la Presidencia ¿le perdonará a Fox y su equipo las desviaciones en que a su juicio hayan incurrido?
No podemos negar que en muchos aspectos este es un sexenio perdido para la transición nacional. Y con todas estas cosas, el próximo puede ser igual, para desgracia de México.
