TORREÓN, COAH.- Los posesionaros no se retirarán del predio del ex ejido San Antonio de los Bravos porque son los verdaderos propietarios, ya que existen documentos que avalan la compra-venta, declara Manuel de Jesús Landeros, asesor jurídico de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado.
Señala que el desalojo del que fueron objeto las personas que hacían guardia el pasado 30 de mayo, fue a todas luces ilegal por parte del director de Seguridad Pública Municipal, Javier Gutiérrez Pesquera, en cumplimiento a las órdenes directas del alcalde Guillermo Anaya, pues no había ningún documento oficial que lo avalara.
Desde el mes de julio de 1998, asegura, se adquirió el predio consistente en 12 mil 960 metros cuadrados, por parte de un grupo de personas perteneciente a Vivienda Unida Independiente, que lo compró a Manuel García, quien ha cumplido con el pago del Impuesto Predial.
“Lo que pasa es que todo esto es un tráfico de influencias, pues Ciudad Nazas vendió a Vamonte, pero no dice nunca a quién compró esos terrenos, es decir, no ha comprobado la legítima propiedad”.
Tras precisar que el PRD no defiende causa ilegales ni apoya invasiones, enfatiza que hay abuso de poder porque el hermano del alcalde Anaya Llamas, es socio de la empresa que le compró el terreno a Vamonte, pero en una transacción ilegal.
“Desde el viernes 27 de mayo llegaron las patrullas de Seguridad Pública al predio y hasta el lunes 30 los preventivos, al mando del mismo director lo desalojaron porque habían recibido una llamada a las cinco y media de ese lunes, en el que avisaban de una supuesta invasión. ¿Qué raro, no?”.
Añadió que se ha interpuesto denuncia contra al director de Seguridad Pública por delito de robo y abuso de autoridad, además de la presentada contra el alcalde, por delitos electorales, ya que hay evidencias de su apoyo a Jorge Zermeño, aspirante a la gubernatura de Coahuila y a Jesús de León Tello, “que pretende ser el sucesor de Anaya”.
La historia.
La madrugada del pasado lunes 30 de mayo, cerca de 100 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), irrumpieron en el predio localizado en el extremo oriente de la avenida Bravo, cerca del Periférico, donde había varias personas.
El desalojo fue violento. Los preventivos derribaron unos jacales que había y se llevaron todo para no dejar huella del hecho, aunque no traían ninguna orden de desalojo, de acuerdo a lo declarado por el abogado de los posesionarios que compraron el terreno al ejidatario Manuel García, desde 1998.
Con todo y que se registró el desalojo, aún permanecen los posesionarios en el terreno, ya que aseguran ser los legítimos propietarios y cuentan con los documentos correspondientes.
