La Policía Judicial Federal, como muchas en los estados, y en mayor medida que en todas ellas, cobró fama tristísima. No la temían los delincuentes, sino los ciudadanos, que en cualquier momento podían verse víctimas de una arbitrariedad. De sus filas, como de la Dirección Federal de Seguridad brotaron algunos de los más sobresalientes capitanes de la delincuencia organizada. Cuando la PJF fue transformada en Agencia Federal de Investigación y se inauguró su edificio en julio de 2002, un comunicado oficial admitió que la metamorfosis obedecía al propósito de cambiar “la imagen de corrupción y violencia por el de una Policía profesional investigadora”.
La promesa implícita en esa mudanza ha resultado fallida. En este preciso momento dos altos jefes de esa corporación están siendo buscados pues se libró contra ellos orden de aprehensión por su eventual participación en la extorsión que condujo al asesinato de Enrique Salinas de Gortari. Dos agentes más, subordinados de aquéllos, se encuentran sometidos a proceso en el mismo caso. Estos últimos fueron aprehendidos por la Policía ministerial o mexiquense. Los prófugos son el director de mandamientos ministeriales de la AFI, Nahúm García, cuya detención fue ordenada por un juez federal apenas este fin de semana y el subcomadante de la coordinación de cumplimiento de mandamientos judiciales, Eleazar Muñoz Valdés, que según las apariencias han sido protegidos para que no se les capture.
Hace cuatro semanas que Muñoz Valdés estaba siendo requerido como testigo en la averiguación emprendida por la Procuraduría de Justicia mexiquense. En vez de instarlo a que se presentara, sus jefes simularon no estar al tanto de la situación (no obstante que el caso ha sido profusamente abordado en los medios de comunicación) y al contrario, le dieron una comisión que tal vez le permitió huir. Cuando fue dictada orden de aprehensión en su contra y se requirió información sobre él en su centro de trabajo, la AFI, los propios jefes se excusaron diciendo que hacía cuatro días Muñoz Valdés no se presentaba a trabajar. Y eludieron cualquier responsabilidad en su huida alegando que sólo hasta ese momento tenían información formal sobre su suerte jurídica.
García y Muñoz Valdés recibieron en noviembre pasado la orden de localizar a Enrique Salinas de Gortari, para atender una solicitud en tal sentido de autoridades francesas. No les fue difícil, a través de sus subordinados, ubicar el domicilio de Salinas de Gortari. Pero en vez de informar sobre el cumplimiento del pedido francés, presumiblemente organizaron una extorsión a quien sería su víctima, que se mostró en extremo sensible al riesgo de tener trato con policías y accedió a pagar la cuantiosísima suma requerida, 2.9 millones de dólares. Algún elemento azaroso, una circunstancia fortuita convirtió ese delito patrimonial en uno de sangre. Respecto de uno y otro debe ser esclarecida la participación de los comandantes de la AFI y de quienes en esa agencia objetivamente los han protegido.
A mediados de junio se produjo un oscuro episodio en que tres miembros de esa corporación quedaron involucrados y a la postre muertos con violencia. En circunstancias confusas, el agente Jesús Coronado asesinó el sábado 11 de junio a sus compañeros Moisés Maldonado y Fernando Acosta. Quizá estaban francos, seguramente andaban de parranda y tras una discusión cuya naturaleza y origen no se determinó, Coronado disparó doce veces sobre sus compañeros y otra persona más, que la información periodística identificó como una madrina, es decir un ayudante extraoficial de los agentes, práctica heredada del pasado. No pudo saberse más porque, si bien Coronado fue detenido, el lunes siguiente se suicidó con su propia arma, que torpe o irresponsablemente no le había sido retirada, mientras rendía su declaración ante el ministerio público.
Se dirá que una golondrina no hace verano. Pero es que no es una, sino parvadas. Las infracciones y delitos son de rango diverso. Apenas este domingo, en compañía de un agente del ministerio público dos agentes más de la AFI fueron detenidos porque a pretexto de investigar si en una cantina del centro de la capital se realizaba “narcomenudeo” asaltaron el establecimiento validos de sus armas de cargo.
Tampoco se puede abonar eficacia en el resto de la corporación al que no se puedan imputar delitos, que obviamente son los más. No delinquen, pero tampoco detienen a los que lo hacen. En lo que va de la presente administración, que casi coincide día a día con el funcionamiento de la AFI sólo han cumplido el 29 por ciento de las órdenes de aprehensión dictadas por jueces federales. Y casi el mismo porcentaje es el que corresponde a las reaprehensiones, el treinta por ciento. Sobra decir que esa ineptitud constituye un factor determinante de la impunidad, que a su vez alimenta la reproducción del crimen. Se ha ordenado la aprehensión, en números redondos, de 35 mil personas y sólo diez mil han sido capturadas, lo que significa que 25 mil presuntos delincuentes discurren por la vida en burla de la justicia. Y de 17 mil personas que debieron ser reaprehendidas, doce mil están en libertad, en capacidad de cometer nuevos ilícitos.
Hace cuatro meses que renunció a su cargo el general procurador general Rafael Macedo de la Concha. Se atribuyó su cese a su fracaso en el procedimiento de desafuero a Andrés Manuel López Obrador. El funcionamiento de la AFI debió haber motivado que se fuera antes.
