O se trata de un mal entendido (como con candor esperanzado podemos imaginar) o está en curso en el sureste mexicano el reinicio de la guerra, nunca finiquitada aunque no la alimentaran acciones bélicas convencionales. Tres veces en su alerta roja general, fechada el 19 de junio y difundida el lunes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anuncia “acciones futuras”, quizá acciones de guerra, ofensivas o de defensa, que acaso hubieran comenzado ya cuando estas líneas queden a disposición de los lectores. Dada la fluidez de la circunstancia conviene establecer que las escribo hacia las trece horas del martes 21 de junio.
Sin fecha precisa (sólo ubicada en el sexto mes de este año), el domingo se hizo llegar a las redacciones una carta del sub comandante insurgente Marcos. Parecía una más de las intermitentes comunicaciones con que el líder guerrillero interrumpía el silencio zapatista desde que el EZLN se retiró, agraviado, de la vida pública nacional tras la engañosa reforma constitucional en materia indígena, en 2001. Tiempo más tarde, cuando se realizó su reforma política (el establecimiento de municipios autónomos, regidos por juntas de buen gobierno residentes en caracoles), el zapatismo en su más amplia acepción (el ejército y sus comunidades de apoyo, así como los grupos civiles que los acompañan) pareció encaminarse a una nueva relación institucional con sus interlocutores del poder gubernamental. Si bien desdeñó los poco entusiastas intentos de la Cocopa para propiciar el diálogo y descalificó en los hechos la estrategia del Comisionado federal para la paz, Luis H. Álvarez, aquellos modos y órganos de gobierno zapatistas fueron anunciados y así actuaron, como ventanas para que desde dentro se viera el mundo y desde fuera pudiéramos conocer y apreciar los trajines de los pueblos indígenas asentados en lo que se ha convenido en admitir cono territorio zapatista.
En su carta personal reciente, al cabo de mandarriazos dirigidos a figuras y partidos de todo el espectro político nacional -como es comprensible que haga un dirigente extraparlamentario, que acudió al recurso extremo de la violencia armada—, el sub comandante Marcos anunció la ruptura del zapatismo con la administración local. Las relaciones de algunas juntas de buen gobierno con el estatal “se terminaron por el incumplimiento del gobierno en los pocos compromisos que hizo. Ni indemnizaron ni regularizaron, ni hicieron justicia en los pocos casos en que se les demandó”.
De ahí no se desprendía la necesidad de una alerta roja, que implica el cierre de las oficinas públicas zapatistas y el desalojo de sus miembros, que ahora “realizarán su labor en forma clandestina y trashumante”, así como el llamado a filas de los miembros del EZLN dedicados a hacer labor social y el acuartelamiento de las “tropas regulares”. Como esas medidas, suena a guerra la exigencia de que se otorgue “trato de población civil” al personal que atienda el servicio de salud, única actividad que no será suspendida en esta emergencia.
El malentendido en que ilusamente quiero refugiarme consiste en que movimientos militares normales y aun beneficiosos para la situación chiapaneca hayan sido malinterpretados por el zapatismo y provocado esa reacción extrema. Por un lado, tropas federales han salido en los días recientes de siete puntos donde se habían asentado y por otro lado, realizan funciones relacionadas con la seguridad nacional y el combate al tráfico de drogas. Precisamente el propio lunes la Secretaría de la Defensa Nacional informó haber destruido 44 plantíos de marihuana en tres municipios de la región de Los Altos, “dentro del área de influencia del grupo inconforme autodenominado EZLN”.
Es ahí donde debemos detenernos e identificar la naturaleza de esa operación y del contexto en que se produce. Aunque no falten en ellos simpatizantes del EZLN, no es verdad que los municipios de Pueblo Nuevo, Tapilula y Rayón se ubiquen en una zona zapatista. Afirmar lo contrario puede servir al propósito de legitimar la incursión de tropas en regiones hasta donde se han abstenido de llegar y también supone un recurso de propaganda, al equiparar al zapatismo con las guerrillas sudamericanas vinculadas al narcotráfico.
Desde el año 2000 la guerra de baja intensidad que practicaron los gobiernos federal y estatal ha cesado. En vez de ella la oficina de Álvarez realiza una política asistencialista denunciada por el zapatismo como causante de divisiones comunitarias, pues antagonizan quienes admiten las iniciativas gubernamentales y quienes las rechazan. Por su parte, apoyos a proyectos productivos son encauzados a la zona zapatista de Oventick, La Realidad, La Garrucha, Morelia, Roberto Barrios, por agrupaciones civiles, mexicanas y foráneas. Estas últimas, reunidas en la asociación Enlace civil, padecieron hace un mes una arbitrariedad que ahora puede ser entendida como parte de una estrategia que hablaría de un plan de movilización militar e inhibición del apoyo al zapatismo. Bancomer obligó a Enlace Civil, AC, a cancelar las cuentas bancarias con que operaba en San Cristóbal las Casas. Aunque la soberanía que la Ley y la práctica otorgan a la banca le permiten cancelar el servicio que prestan sin molestarse en explicar la causa, desprevenidos ejecutivos de la sucursal mexicana de Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria sugirieron que debían prevenir el lavado de dinero. ¿Podría esa medida ser parte de una estrategia de debilitamiento?
