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MÉXICO, DF.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la recién aprobada Propuesta 200, en Arizona, Estados Unidos, que niega a inmigrantes indocumentados algunos apoyos económicos que brinda ese estado, constituye un precedente que alienta a otras medidas similares en otros lugares.
En un comunicado, el organismo defensor detalló que en Los Ángeles, California, un memorándum de entendimiento entre las autoridades locales podrá autorizar a los jefes de policía de esa ciudad a efectuar labores de inmigración en las cárceles, aunque aclaró que el ordenamiento aún no ha entrado en vigor.
Indicó que en Arkansas, una iniciativa pretende restringir a los trabajadores ilegales los servicios públicos, así como reforzar las medidas para evitar que participen en comicios de cualquier tipo, negándoles servicios médicos prenatales a indocumentadas.
En Colorado, un grupo civil impulsa un plebiscito para poner en vigor una legislación equivalente a la Propuesta 200, que prohíba a trabajadores indocumentados adquirir propiedades en el estado.
En tanto que en California, Idaho, Nevada y Georgia se preparan también diversas iniciativas con fines similares a la Propuesta 200.
Por otra parte, en Arizona, unos 400 veteranos de guerra y ex policías se han inscrito en el llamado proyecto “Minuteman”, que empezará a operar el primero de abril, el cual consiste en participar en labores de vigilancia de la frontera con México para detectar y aprehender a inmigrantes indocumentados.
En este sentido, la CNDH resaltó que de particular importancia, por su alcance federal es la llamada Ley de Identidad Real, aprobada en la Cámara de Representantes y actualmente en discusión en el Senado, que propone la construcción de bardas, el aumento de las patrullas fronterizas y la negación de licencias de manejo a trabajadores que no cuenten con documentos migratorios.
La CNDH reconoció que cada país tiene pleno derecho a establecer sus propias políticas migratorias.
Sin embargo estableció que en las regulaciones que aplican Estados Unidos no puede ignorarse ni despreciarse que los inmigrantes, documentados o no, hacen una importante aportación productiva a la economía de ese país.
Por ello, demando que los haga sujetos de la protección social y los beneficios que otorga el Estado, y en todos los casos, de recibir un trato digno y respetuoso a sus derechos fundamentales.