En el penal de alta seguridad llamado La Palma, se cometieron tres asesinatos entre reos durante 2003. Paradójicamente todos ejecutados una semana después de que fueran cateadas sorpresivamente las celdas y que la Procuraduría General de la República emitiera boletines hablando de sus acciones para prevenir el crimen dentro de la cárcel. Acciones que han resultado insuficientes.
El último crimen ocurrió el pasado 31 de diciembre. Un interno disparó contra Arturo Guzmán Loera, hermano del famoso narcotraficante “El Chapo Guzmán”. Esta acción deja nuevamente al descubierto la corrupción que priva en las instituciones encargadas de brindar seguridad.
En muchos reclusorios del país hay en la actualidad un vacío autoridad. Ante esta situación los internos gozan de cuotas de poder y ejercen el control real de los centros de readaptación social. Así pues las formas de autogobierno son los principales factores de violación de los derechos humanos que generan al interior de los Ceresos disturbios y violencia.
Corrupción, castigos ilegales, condiciones de vida subhumanas (en cuanto alimentación, alojamiento y servicios), es la triste realidad de las cárceles que se extiende a lo largo y ancho del país.
Ante esta realidad los penales no están cumpliendo con su misión. Por el contrario son caldo de cultivo donde conviven criminales de toda índole y los riegos de amotinamientos están a la orden del día.
Las declaraciones realizadas por el investigador Ernesto López Portillo, quien asegura que los cárteles de la droga tienen tomado el penal de La Palma desde hace tiempo, obliga a las autoridades a actuar de manera inmediata. Las acciones no deben limitarse a operativos para detectar armas, que en la realidad son ineficientes, es necesario hacer una limpia y acabar con la corrupción que permite que sean los criminales quienes gobiernen en los centros de readaptación social.
