El DF es la única entidad cuya capacidad de endeudamiento es regida por la Cámara de Diputados, que le impone límites y le fija y revisa sus destinos. Momento hubo, hace dos años, en que los requerimientos de nueva deuda, fijados por el Gobierno de la ciudad en 2,500 millones de pesos, se redujeron a sólo 500 autorizados en San Lázaro.
Con razonable asentimiento dadas las dificultades de gobernar una ciudad descomunal, con rezagos seculares, y con la expectativa de alcanzar la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dejará de ser mañana viernes jefe de Gobierno del DF. En un esbozo breve examino hoy su función como gobernante, y mañana su papel como político.
Cuando fue elegido el dos de julio de 2000 también lo fueron los jefes delegacionales, hasta entonces nombrados por el jefe del Departamento o del Gobierno del Distrito Federal, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, primero en ser elegido desde 1928. En consecuencia, la administración pública no es ya responsabilidad exclusiva y directa del Ejecutivo local, puesto que los delegados dejaron de ser sus dependientes. No todo cuanto se hace y deja de hacerse en el Gobierno capitalino, por lo tanto, puede y debe ser atribuido o achacado a quien lo encabeza.
Parecería un sarcasmo anotar entre los logros de López Obrador su política hacendaria, cuando que uno de sus tres secretarios de finanzas está en la cárcel, convertido por la propaganda en señal del altísimo nivel que alcanzó la corrupción en el Distrito Federal. Pero los delitos federales o locales por los que se le procesó no incidieron en las finanzas locales; es decir, Ponce no tomó dinero público para jugarlo en Las Vegas.
La administración del dinero público es no sólo mucho menos objetable de lo que la Oposición argumenta, sino que su optimización y eficacia la han hecho pionera y puntera en el país. El uso de instrumentos modernos de captación y manejo de recursos ha acrecentado los montos y la disponibilidad de los dineros capitalinos. Al contrario de lo que se dice, la deuda pública ha disminuido puesto que se han cubierto créditos en mayor medida que los renovados o acordados.
El DF es la única entidad cuya capacidad de endeudamiento es regida por la Cámara de Diputados, que le impone límites y le fija y revisa sus destinos. Momento hubo, hace dos años, en que los requerimientos de nueva deuda, fijados por el Gobierno de la ciudad en 2,500 millones de pesos, se redujeron a sólo 500 autorizados en San Lázaro.
En el haber de López Obrador suelen inscribirse su política social y la ejecución de obras públicas. Un afán sintetizador, a menudo aplicado con criterio político y no analítico, ha querido ver en lo primero un populismo dadivoso y clientelar, porque uno de sus programas consiste en la pensión para adultos mayores. Se trata en realidad de asistir con políticas basadas en leyes (con lo que se les priva del personalismo que marcaba y marca las iniciativas de índole similar practicadas desde la Presidencia de la República) a sectores de menores capacidades relativas, al modo que en otros países se hace a través de la acción afirmativa.
No se trata de caridad pública y menos de limosna. López Obrador ha insistido en que la política económica que genere empleo es el instrumento más eficaz en el combate a la pobreza. Pero es inadmisible olvidar a los desvalidos.
En esa medida su política de obras y servicios públicos ha estado vinculada a la social y la ambiental. El segundo piso en el Anillo Periférico se ha inscrito en los anales de la vida capitalina como un símbolo del activismo de López Obrador -y de su tozudez, insistirán sus críticos, que le imputan asimismo anteponer el transporte particular al público-, pero está lejos de ser el único ejemplo de esta tarea.
Se construyeron también otras vialidades de semejante importancia y su uso ha mejorado la vida cotidiana no sólo de los poseedores de automóviles particulares, sino de los usuarios del transporte colectivo, terreno en el que, sin embargo, el Gobierno de López Obrador actuó por debajo de sus posibilidades, ya que no se evitó la piratería de un amplio sector de taxis ni se enmendó el desorden de los microbuses. Pero el Metrobús y la sustitución gradual de peseras indican el camino en que debe perseverarse, si bien la prematura inauguración de aquel servicio a lo largo de Insurgentes, mucho antes de que pudiera rendir el servicio para el que fue diseñado, lo marcó con una huella de ineficacia.
El debe más notorio en la contabilidad del gobernante López Obrador corresponde al capítulo de la seguridad, la procuración de justicia y la ejecución de penas. Aunque todas las mañanas López Obrador se reunió con los responsables de esas áreas para examinar lo ocurrido el día anterior y encarar el que comenzaba, la inseguridad es lamentable. Los índices de algunos delitos medibles con exactitud, como el robo de automóviles, por ejemplo, que se denuncia en todos los casos, disminuyó claramente. Y la oleada de criminalidad que asuela al norte y el noroeste del país, aunque se reflejó en el DF lo hizo proporcionalmente con menos virulencia. Y sin embargo, los capitalinos no sienten vivir con seguridad, y proveer esa sensación es también una labor de Gobierno. Con todo, la sociedad es más sensible a la ineficacia del Ministerio Público y a la peligrosidad de la Policía Judicial, zonas minadas en la vida de la ciudad. La impunidad, que es lacra general en la República, no ha decrecido en el Distrito Federal, donde pocas consignaciones concluyen en sentencias ejecutoriadas. Y las que se aplican terminan en esa bomba de tiempo que son los reclusorios, cuyo hacinamiento alimenta la práctica de conductas delictivas que repercuten dentro y fuera de esos centros que no readaptan a su población, sino que la empeoran.
