El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, incurriría en un nuevo delito penal en caso de que intente mantenerse en el cargo, luego de que la Cámara de Diputados declare la procedencia de su desafuero, señaló ayer el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
En entrevista, el legislador del PAN mencionó que si el dictamen de desafuero es aprobado, López Obrador ?deberá dejar el cargo de manera inmediata?, tal como lo señala el Artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Dijo que en caso de que se decrete el desafuero, el perredista verá suspendidos sus derechos políticos como ciudadano, una vez que proceda el auto de formal prisión que promueva el Ministerio Público ante un juez federal.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aclaró que el eventual fallo contra el político tabasqueño por parte de la Cámara baja es ?inatacable?, por lo que no tendría derecho alguno a ampararse contra la decisión de ese órgano legislativo.
El panista indicó que López Obrador no tendría derecho a enfrentar la causa judicial que promueve en su contra la PGR en la calidad de ?auto de sujeción a proceso?, ya que el delito de desacato a una suspensión provisional es castigado con pena corporal.
En tanto, el diputado Horacio Duarte, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que el jefe de Gobierno local no debe dejar el cargo de inmediato, sino que deberían transcurrir cuando menos entre cinco o seis días para que lo haga.
En ese sentido, explicó que para que la Procuraduría General de la República (PGR) ejercite acción penal contra el Ejecutivo local primero debe consignar el expediente respectivo a un juez.
Luego, el juez tendrá dos días para determinar si radica o no el expediente y diez días para decidir si otorga orden de aprehensión contra López Obrador, y una vez cumplimentada ésta, tendrá 72 horas para determinar si resuelve auto de formal prisión o de libertad.