Fijan plazo a organismos públicos y funcionarios para que modifiquen su actitud.
El Siglo de Torreón
SALTILLO, Coah.- El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), amonestó a base de extrañamientos a más de medio centenar de organismos financiados por el erario estatal que han incumplido con normas mínimas de rendición de cuentas.
Entre las instituciones y servidores públicos regañados por el ICAI se encuentran los alcaldes de Torreón, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Viesca, respectivamente Guillermo Anaya Llamas, Emilio Bichara Marcos Wong, José Luis Marrufo Álvarez y Germán García Rey.
En la lista difundida ayer por el Consejo General del organismo encargado de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el estado, también se encuentran el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), de Torreón y la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT).
Las amonestaciones se aplicaron ante la negativa de los organismos públicos para proporcionar algún tipo de información que están obligados a mostrar y el ICAI les fijó de plazo hasta el 22 de septiembre para que modifiquen su actitud.
De lo contrario, señala el documento, habrá sanciones en base a la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos.
El ICAI informó que se aplicó un severo extrañamiento a los alcaldes de Escobedo, Jesús María Rangel Maldonado; Candela, Javier Tijerina Menchaca; Allende, Esteban Barrón Zulaica; Hidalgo, Fernando Duarte Flores; General Cepeda, José Lázaro Vázquez Ramos; Madero, José Luis Marrufo Álvarez y Arteaga, José Santos Carmona Moreno.
También dijo haber extendido un enérgico extrañamiento a los presidentes municipales de Cuatrociénegas, Sergio Carielo Luna; Sacramento, Ricardo de la Paz Ramos; Guerrero, Jesús Saucedo Ornelas; Villa Unión, Mario Humberto González Vela; Viesca, Germán García Rey; Sierra Mojada, Clemente de Jesús de la Rosa Palacios; Progreso, Rubén Trejo García; Parras de la Fuente, Evaristo Armando Madero Marcos; Ocampo, Jaime Muza Bernal (actualmente con licencia) y Nava, Arnoldo Guardiola González.
Así mismo a los alcaldes de Nadadores, Pedro Flores Cárdenas; Lamadrid, José Armendáriz Esquivel; Juárez, Sergio Kobel Romanía; Jiménez, Agapito Balderas Elizondo; Zaragoza, Saúl Vara Rivera y Castaños, Arturo Rubén Barrera.
Se dirigieron exhortaciones al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, al de Torreón, al alcalde de Sabinas, Víctor Manuel López Ramos y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores, así como a Virgilio Maltos Long, coordinador del Partido del Trabajo en Coahuila.
Entre los exhortados también se encuentra la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Esther Quintana Salinas; Jesús García García, director general de Aguas de Saltillo; Ramiro Flores Arizpe, presidente del Poder Judicial del Estado; Sigfrido Macías Pérez, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional; Mario Alberto Dávila Delgado, alcalde de Frontera; Evaristo Lenin Pérez Rivera, dirigente del Partido Unidad Democrática de Coahuila.
También Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, la dirección de Servicios Estatales Aeroportuarios, la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Periódico Oficial del Estado, el Consejo de Menores, el Consejo Editorial del Estado; Francisco Aguirre Fuentes, coordinador General de Comunicación Social.
El Instituto Coahuilense de Cultura, el Instituto de Capacitación para el Trabajador del Estado, Instituto Estatal del Deporte, el Instituto Estatal para la Construcción de Escuelas, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Acuña, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monclova, la Universidad Tecnológica de la Región Centro, la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Torreón, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, el Colegio Profesional Tecnológico del Estado.
El Centro Siglo XXI, el Centro Cultural Vito Alessio Robles, la Promotora para el Desarrollo Minero, el Instituto Coahuilense de Ecología, la Dirección General del Registro Público, la coordinación de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, la Dirección General de la Defensoría Jurídica Integral, el Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Coahuilense para el Desarrollo Municipal, el Simas Piedras Negras, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, el de Múzquiz, Abasolo, San Pedro, Torreón y el titular del Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Carlos Román Cepeda González.
Lideran la SSP y PGJ violación a garantías
La Comisión de Derechos Humanos en Coahuila informó que ocho de cada diez quejas que recibe van en contra de algún representante de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Al presentar ante el Congreso del Estado su informe anual de actividades, la presidenta del organismo social, Miriam Cárdenas Cantú, indicó que en los últimos meses 64 servidores públicos estatales y municipales han quedado sujetos a sanciones administrativas internas, tras haber incurrido en acciones de violación a las garantías individuales.
Señaló que 59 por ciento de las quejas recibidas en el último año fueron para autoridades estatales, mientras que el 25 por ciento de los casos se presentaron en contra de alguna autoridad municipal y el 16 por ciento restante para servidores públicos federales. Estas últimas denuncias, dijo, se turnaron con oportunidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dijo que en la última etapa la Comisión atendió 15 mil 103 asuntos, es decir, un 20 por ciento más que en el último periodo; de ahí se desprendieron 13 mil 761 orientaciones jurídicas, mil 342 quejas ratificadas, mil 716 resueltas y 492 casos más se encuentran en trámite.
