La Agencia Federal de Investigación cumplió cuatro años ayer, y hoy hace uno que tres agentes de la Policía Federal Preventiva fueron linchados bárbaramente: dos de ellos fueron quemados vivos y el tercero sobrevivió pero quedó lesionado permanentemente. Aunque el 23 de noviembre de 2004 fueron otras corporaciones policiacas las involucradas, la AFI apareció en la escena al día siguiente y por eso quedan relacionados los dos aniversarios.
Un año después de los asesinatos en San Juan Ixtayopan subsisten enigmas y perplejidades. Fueron destituidos por orden presidencial el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard y el comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa. También fueron despedidos miembros de la PFP de rango menor, algunos de los cuales se han inconformado judicialmente con esa decisión. Otras sanciones podrían ser establecidas cuando concluya el proceso penal contra treinta personas detenidas con motivo del estrujante acontecimiento que ocurrió a la vista y ante los oídos del público que atento a la radio y la televisión fue una suerte de testigo presencial del linchamiento.
Trescientos sesenta y cinco días no han sido suficientes ni siquiera para determinar con precisión qué hacían aquella tarde trágica en Tláhuac los agentes Víctor Mireles Barrera y Cristobal Bonilla Martín, a quienes se les arrebató la vida, y Édgar Moreno Nolasco. Persisten después del largo lapso transcurrido versiones oficiales contradictorias al respecto. No se sabe si indagaban acciones de narcomenudeo, o si vigilaban la casa de presuntos guerrilleros, si seguían la pista a grupos de terroristas. Se ignora, en consecuencia, si la acción siniestra de la turba que los agredió fue motivada por las personas a quienes investigaban o su comportamiento extrañó y provocó temor en la comunidad que por lo menos en el inicio de la agresión tuvo a las víctimas como presuntos responsables de algún delito, imaginario o real.
Sí se sabe que cuando los mandos de la PFP tuvieron noticia de la detención de sus subordinados su reacción fue, en el mejor de los casos, extremadamente lenta, o de franco abandono. La Policía Preventiva capitalina, a su turno, demoró en llegar al teatro de los acontecimientos (a diferencia de la oportunidad con que los medios de información estuvieron allí presentes) y en una decisión discutible, que está todavía en el centro del proceso judicial, quedó pasmada o recibió instrucciones de no embatir contra la muchedumbre enardecida y fiera, Se procuró evitar de ese modo, dice el argumento que sustenta la omisión, un enfrentamiento entre la población y la autoridad que pudiera generar consecuencias peores. El responsable de esa decisión, el subsecretario de Seguridad Gabriel Regino ha recibido apoyo por haberla adoptado. No sólo permanece en su cargo, pues la indagación federal no le ha hecho imputaciones formales, sino que se le otorga tal consideración que fue orador oficial el domingo pasado, en la recordación capitalina del comienzo de la Revolución.
Sólo entró en acción esa noche la policía judicial del DF, que pudo rescatar al agente Moreno Nolasco, pero se abstuvo de realizar detenciones. Éstas fueron practicadas al día siguiente por la Agencia Federal Preventiva. El modo de efectuarlas, visible de nuevo ante el público en general, y descrito por las víctimas, inhibe mostrar regocijo ante el aniversario número cuatro de esa corporación.
La AFI practicó una redada en que privilegió la cantidad de detenidos por encima de las causas legales para hacerlo. Entró con violencia en domicilios y detuvo a decenas de personas sin la orden judicial correspondiente y, como es obvio, sin que estuvieran en flagrancia. Luego se sabría que para justificar algunas de sus capturas se valió de arbitraria intimidación. Dos muchachos detenidos y puestos en libertad tiempo más tarde por su menor edad firmaron bajo presión, pues habían sido arrestados, testimonios de cuyo contenido no se enteraron y que sin embargo sirvió de base para consignar a otros presuntos responsables. A la atrocidad popular que cometió los linchamientos siguió, así, la atrocidad policiaca que en nombre de la eficacia incurrió en la injusticia. Por lo menos así ha venido comprobándose, cuando algunos de los detenidos de esa mala manera han quedado en libertad.
Se diría que la singularidad de este caso, la necesidad social de castigar la furia homicida autorizó la apelación a recursos extremos. Pero ni eso es verdad, ni a este episodio se reducen las notas negativas de la AFI. Bien es cierto que sus métodos de investigación y sus sistemas de reclutamiento se basan en una visión moderna de la indagación policiaca, y han producido resultados plausibles. Pero en muchos renglones no hay diferencia entre la antigua policía ministerial, la Policía Judicial Federal, y esta agencia que la sustituyó.
Su incapacidad, venial o dolosa para cumplir órdenes de aprehensión es fuente de desconfianza, sobre todo cuando se trata de miembros de la misma corporación. Pero a veces no sólo hay omisiones, sino complicidades. Para solo citar un ejemplo actual y relevante, la rutilante AFI ha permitido que escapen a la justicia los comandantes a los que se busca por su participación en el caso de Enrique Salinas de Gortari. Lejos de cumplir su deber de localizarlo y notificarlo a la autoridad extranjera, jefes de la AFI pretendieron extorsionarlo y quizá participaron o solaparon su homicidio.
