Celebran grupos de derechos humanos la resolución de la Corte.
EFE
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La Corte Suprema de Argentina anuló ayer, casi dos décadas después de su aprobación, las ?leyes del perdón?, que impedían el procesamiento de quienes ejercieron la represión durante la dictadura militar, entre los años 1976 y 1983.
Con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las normas conocidas como ?Punto Final? y ?Obediencia Debida?, algo reclamado durante dos décadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Carlos Fayt fue el único juez de la Corte Suprema que votó en contra de la resolución, mientras que Augusto Belluscio se abstuvo, porque ha presentado su renuncia al alto tribunal, que se hará efectiva en septiembre próximo.
El fallo de la Corte fue celebrado por miembros de grupos de derechos humanos que se reunieron a las puertas de los tribunales de Buenos Aires, mientras el ministro de Defensa, José Pampuro, admitió que ?hay algún tipo de inquietud? entre los militares involucrados.
Las leyes, dictadas en la década de los años 80, libraron de responsabilidad a más de un millar de militares y policías implicados en delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la dictadura.
La resolución del tribunal supremo argentino abre la posibilidad de que sean enjuiciados entre 500 y mil represores, de los cuales ?muy pocos siguen en actividad?, aseguraron a fuentes oficiales.
La mayoría de los jefes de la última dictadura está ya en prisión por el robo y cambio de identidad de hijos de desaparecidos, un delito que había sido expresamente excluido de las leyes de ?Punto Final? y ?Obediencia Debida?.
El Parlamento aprobó las cictadas leyes en 1986 y 1987, mientras el Gobierno que presidía Raúl Alfonsín era agobiado por rebeliones militares contra las citaciones judiciales de miembros de las Fuerzas Armadas.
Aplaude Kirchner nulidad
Al respecto, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, el jefe del Ejército, Roberto Bendini, y organismos de derechos humanos aplaudieron ayer la anulación de las leyes que beneficiaron a implicados en los atropellos de la dictadura militar (1976-1983).
La ?impunidad terminó en la Argentina?, dijo Kirchner, para quien el fallo de la Corte Suprema ?devuelve la fe en la Justicia?.
El jefe del Ejército, Roberto Bendini, aseguró que la decisión del máximo tribunal es el ?paso inicial y necesario? para ?comenzar el camino del reencuentro de los argentinos?. Bendini afirmó que ?lógicamente? existe preocupación en el Ejército por esta resolución, aunque consideró que se trata ?más de inquietudes personales que militares y jurídicas?.
?Llevábamos veinte años esperando este fallo y no puedo mas que estar contenta y satisfecha?, destacó Nora Cortiñas, quien preside la asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
?No se pueden perdonar crímenes de lesa humanidad: no queremos venganza sino justicia, que no haya impunidad?, subrayó Nora Cortiñas, al recordar que durante la dictadura ?se tiró gente al mar y se torturó a bebés cuando aún no habían nacido?, en referencia a los tormentos aplicados a mujeres embarazadas.
?Punto Final?
La Ley de ?Punto Final? ponía límite temporal al procesamiento de acusados de crímenes durante la dictadura militar en Argentina, lo que dejó fuera del proceso a miles de policías y militares.
La Ley de ?Obediencia Debida?, a su vez, consagró la teoría de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la represión ilegal forzados por los mandos superiores.
No obstante, los ex comandantes que lideraron el plan de represión y exterminio contra opositores políticos fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en 1985.
Los miembros de las Juntas Militares, así como los líderes guerrilleros que actuaron en la década de los años setenta, se beneficiaron posteriormente de indultos decretados en 1989 y 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem.
Sin embargo, muchos de ellos volvieron a las cárceles o fueron puestos bajo arresto domiciliario por su participación en el secuestro de hijos de desaparecidos.
