Ante la insólita y preocupante solicitud del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Espino Barrientos, mandamás del panismo quien solicitó que, con miras a la elección federal del próximo año, se realice una purga de servidores públicos que se identifican con el viejo régimen, esto es priístas en los gobiernos federal, estatales y municipales, para que sean sustituidos por funcionarios que compartan “la nueva filosofía política” que llevó a Vicente Fox al poder, o sea por panistas.
Y pese a lo absurda de esta postura, lo más delicado es que unas cuantas horas después de las declaraciones de Espino esta intención fue ratificada por Vicente Fox. En este sentido, el apartheid político que vislumbran los líderes político y moral del PAN es un síntoma preocupante de la anacrónica visión que tienen respecto del ejercicio del poder público.
En principio, cabe recordarles que los partidos políticos son instrumentos de las democracias y no propietarios de los gobiernos. El sentido patrimonialista que a través de esta medida pretenden darle al Gobierno es un retroceso a los tiempos más cavernarios del “viejo régimen” al que el propio Espino hace referencia y que en los últimos años tanto han criticado.
Es insensato apreciar al servicio público como un trofeo de la batalla electoral y es perverso utilizarlo como un recurso para la contienda política. El Gobierno es un conjunto de instituciones y procedimientos cuyas finalidades esenciales son preservar la armonía social y promover el desarrollo nacional. Para alcanzar estos objetivos es indispensable que los cargos públicos recaigan en las personas más preparadas más adecuadas.
Es ilógico pensar que la filiación a una determinada divisa política garantiza los principios de probidad, honradez, legalidad, eficiencia, profesionalismo e imparcialidad que deben privar en todo servidor público. Las declaraciones y acciones panistas vienen a dar al traste al esfuerzo de muchos mexicanos, incluyendo a los fundadores y pilares ideológicos del PAN, que desde hace más de 50 años han luchado en aras tanto de la construcción de un sistema plural como de un verdadero andamiaje institucional en nuestro país. El apartheid panista sepulta de golpe la convivencia plural e incluso social.
Ya no importa el desempeño de los funcionarios, los que no piensen como el señor Espino son en automático enemigos del sistema e ineficaces trabajadores del Estado.
Con estas manifestaciones se declara expresamente y en forma descarada la colusión que actualmente existe entre Gobierno y partido. Y peor aún, se hace patente que este “matrimonio” tiene claras intenciones electoreras. Ni en las peores épocas del PRI se hacían tan evidentes los desfiguros que llega a causar la borrachera de poder.
El autodenominado “Gobierno de Fox” se ha caracterizado por permitir e incluso fomentar el debilitamiento de las instituciones.
Basta ver el lamentable estado en que han dejado a la otrora congruente y consistente política exterior mexicana. No obstante, ahora ya han llegado al grado de que abiertamente se anteponen los intereses políticos partidistas al desarrollo y fortalecimiento institucional. Y este desprecio por las instituciones de la República exhibe la falta del más elemental oficio político que, a estas alturas del partido, es evidente ya no se tuvo.
Si aplicamos la doctrina Espino, todos los servidores públicos deben de ser panistas, incluyendo al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina, cuando ha sido una sana costumbre que los militares en activo en México sean institucionales y no participen en política sino hasta que se retiran. Entonces, por citar un ejemplo, procedería el relevo del general secretario Ricardo Clemente Vega García, uno de los pocos ministros que han acreditado profesionalismo, prudencia y lealtad institucional, para ser sustituido por un panista.
Qué rápido olvidó el dirigente albiazul aquellos tiempos no muy lejanos en los que aplaudieron la decisión del entonces presidente Ernesto Zedillo de encomendar la Procuraduría General de la República a Antonio Lozano Gracia, un distinguido miembro del PAN. También queda claro que todo el discurso del servicio civil de carrera es un engaño. Con esta decisión lo están liquidando. Finalmente, los gobiernos no deben intervenir en las elecciones.
El ideal democrático es que no favorezcan ni perjudiquen a nadie, y me parece que ya tuvimos bastante con el desatino del desafuero. Por todo ello, suplicamos al dirigente nacional del PAN que reflexione sus posiciones, ya que su agresividad e intolerancia no son sino una mascara que esconde su temor por la debacle que está viviendo su partido. Porque es un hecho que el incumplimiento de lo ofrecido, los incontables deslices verbales del titular del Ejecutivo y algunos integrantes del gabinete y la falta de resultados en el Gobierno han menguado notablemente la imagen del PAN.
