Será hasta el próximo jueves cuando la SCJN defina las acciones a seguir para esclarecer la deuda por miles de millones de pesos que ingresaron de manera irregular, diversos bancos.
MÉXICO, D.F., (SUN-AEE).- Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se disponía a cerrar cualquier posibilidad de sanear y corregir las irregularidades, que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el
rescate bancario, realizado a través del Fobaproa, la votación se aplazó para el próximo jueves.
Si las opiniones de los ministros del máximo tribunal no cambian para esa fecha, por mayoría de votos la SCJN anulará, a petición del presidente Vicente Fox, los 32 oficios que giró la Auditoría para ordenar que no se pague la deuda por miles de
millones de pesos que ingresaron de manera irregular, diversos bancos, al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Este sería el tercer juicio consecutivo de controversia constitucional, que el presidente Vicente Fox le ganaría a la Cámara de Diputados y en el que la SCJN establece que los legisladores invadieron facultades del Ejecutivo.
El presidente Vicente Fox promovió la demanda de controversia constitucional, desde hace un par de años, para anular los oficios que emitió el órgano de fiscalización, el 13 de agosto y el 8 de septiembre de 2003, en los le pidió al gobierno federal que le quitara, disminuyera y sustituyera la deuda que ingresaron indebidamente Banorte, Bancomer y Bital (estos últimos ahora BBVA Bancomer y HSBC) a lo que fue el Fobaproa.
El principal argumento del Ejecutivo fue que la Auditoría le giró órdenes concretas al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que fue el organismo que sustituyó al Fobaproa, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cumplir con el saneamiento del rescate bancario, así como a la Secretaría de la Función Pública (SPF) para que supervisara el cumplimiento de las instrucciones, siendo que no tiene atribuciones para ello.
En concreto el presidente Fox argumentó que al girarle órdenes al IPAB, la SHCP y a la SFP, la Auditoría violó la Constitución al invadir las facultades administrativas que le corresponde ejercer al Ejecutivo.
Dicho punto fue discutido en la sesión de este martes y en una votación de ocho contra tres, la mayoría de ministros concluyó que los oficios emitidos por la Auditoría si tienen el carácter de órdenes.
Pero aplazaron votar si las órdenes giradas por la Auditoría invaden la esfera de competencia del Ejecutivo. Y todo indica que la mayoría de ministros votará en el sentido de que la Auditoría se extralimitó en sus funciones e invadió el ámbito de
atribuciones del Ejecutivo, con lo que el presidente Fox ganaría el juicio de controversia y el caso relativo al saneamiento de Fobaproa sería definitivamente cerrado.
