EL PAÍS
SANTIAGO DE CHILE.- El ex dictador Augusto Pinochet quedó desde ayer bajo arresto domiciliario en su finca de Los Boldos, 130 kilómetros al suroeste de Santiago, después que funcionarios judiciales le notificaran su procesamiento, dictado por el juez Juan Guzmán, como autor de diez crímenes de la Operación Cóndor, la coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras suramericanas para asesinar opositores políticos en los años setenta y ochenta.
Después del fallo de la Corte Suprema que rechazó el martes el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Pinochet, Guzmán dictó de inmediato la orden de notificar al ex dictador.
Pasado el mediodía de ayer y mientras la prensa permanecía en las afueras, ingresó hasta la finca de Los Boldos por una puerta lateral para esquivar a los periodistas una comitiva de dos vehículos, con funcionarios judiciales y detectives enviados por el magistrado.
Uno de los secretarios del juez, Iván Pavez, fue el encargado de notificar al ex dictador. Brevemente le informó que a partir de ese momento quedaba procesado por los crímenes de la Operación Cóndor y sometido a arresto domiciliario.
Pinochet permaneció sentado en un salón de la residencia y estuvo siempre acompañado por uno de sus abogados, Gustavo Collao. Éste informó posteriormente que el general “de manera personal estampó su firma” en la notificación, procedimiento que calificó de “sencillo y normal”.
Según dijo, “don Augusto Pinochet, a pesar de sus 89 años de edad y de las dolencias que son de conocimiento público, ha participado con la altivez, deferencia y el entusiasmo de un soldado y un ex presidente de la República”.
Los funcionarios judiciales y los detectives permanecieron cerca de 15 minutos en la finca del ex dictador y se retiraron sin hablar con la prensa.
Previamente habían llegado hasta la finca, situada frente a un camino rural cercano de la costa, dos nietos de Pinochet para acompañarlo durante la detención.
Uno de ellos, Rodrigo García, muy cercano al general, que en 1986, a los diez años de edad acompañaba a Pinochet en el auto en que éste salvó ileso del frustrado atentado en su contra, afirmó ayer que el arresto de su abuelo es “un uso y abuso de poder tremendo”.
La vigilancia del ex dictador quedó bajo la responsabilidad de militares y la notificación fue coordinada entre el juez y el Ejército. Sin aspavientos, tensiones ni una reacción militar, Chile encajó ayer el arresto domiciliario y ajuste de cuentas judiciales con quien gobernara el país con mano de hierro durante 17 años (1973-1990), en una dictadura que asesinó a más de tres mil opositores y torturó salvajemente al menos a 28 mil personas, y encabezara el Ejército durante un cuarto de siglo (1973-1998).
Por su parte, el Gobierno francés expresó su satisfacción con el fallo de la Corte Suprema que dio luz verde al procesamiento y detención de Pinochet. El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Hervé Ladsous, consideró “esencial que los responsables de las violaciones a los derechos cometidas durante la dictadura respondan por sus crímenes y que se haga justicia”.
