El Congreso Aprobó la Ley Patriota después del 11-S, y estipuló amplios poderes de investigación para el Departamento de Justicia, pero ahora determinan limitar dichos poderes.
El acuerdo implica que se limitarán algunos poderes de investigación del Gobierno en la lucha contra el terrorismo
Washington, (EFE).-Los negociadores del Senado y de la Cámara de Representantes han llegado esta madrugada a un acuerdo para aplicar ligeros ajustes de la "Ley Patriota" que limitará algunos poderes de investigación del Gobierno en la lucha contra el terrorismo.
El Congreso Aprobó la Ley Patriota poco después de los ataques terroristas de septiembre de 2001, y estipuló amplios poderes de investigación para el Departamento de Justicia y las agencias de seguridad y espionaje.
Algunas de esas estipulaciones tienen vigencia limitada y en el debate sobre su extensión o expiración los grupos defensores de los derechos civiles han denunciado que el Gobierno estadounidense ha violado garantías constitucionales con sus investigaciones.
El acuerdo logrado esta madrugada por los negociadores de ambas cámaras requeriría que el Departamento de Justicia dé cuenta más adecuada sobre sus solicitudes secretas de información sobre los ciudadanos.
Pero también deja intactas algunas de las estipulaciones más controvertidas de la ley, como el acceso del gobierno a los registros de bibliotecas y librerías para verificar qué leen las personas sometidas a investigaciones secretas.
Los negociadores trabajaron hasta la madrugada del jueves, y una vez que firmen el pacto se requerirá la aprobación final de ambas cámaras en pleno, en votaciones que podrían tener lugar hoy o mañana.
El acuerdo hará que pasen a ser permanentes 14 apartados de la Ley Patriota que expirarán a fin de este año si no las extiende el Congreso.
Otras tres estipulaciones -incluida las atribuciones del gobierno para revisar qué leen los ciudadanos en las bibliotecas y qué libros compran- se extenderán durante siete años, esto es tres años más que lo propuesto por el Senado.
También se extenderá por siete años la estipulación que permite que el gobierno escuche las conversaciones telefónicas y espíe en otros tipos de comunicaciones -como las telefónicas inalámbricas- de las personas que el Departamento de Justicia considere sospechosas.
El acuerdo representa un paso positivo para la administración del presidente George W. Bush que en los últimos tres meses ha sufrido varios reveses y ha registrado una caída sustancial de la popularidad.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés) calificó las modificaciones como "puro maquillaje", e indicó que no tocaron lo que esa organización considera como potenciales abusos en las investigaciones de terrorismo.
"Este es un mal proyecto de ley", declaró el representante Jerrold Nadler, demócrata de Nueva York que es miembro del Comité Judicial de la Cámara baja. "Estos son cambios cosméticos que poco cambian la Ley Patriota que fue aprobada hace cuatro años".
Cientos de ciudades en Estados Unidos han aprobado ordenanzas que restringen la aplicación, en sus jurisdicciones, de algunos aspectos de la Ley Patriota, o que notifican abiertamente a los usuarios de las bibliotecas públicas que el gobierno federal puede revisar sus lecturas.
Un aspecto que preocupa a algunos miembros del Congreso es el creciente uso que hace la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de peticiones secretas de registros de actividades de los ciudadanos, sin una orden judicial.
Desde los ataques terroristas de 2001, la FBI ha escrito decenas de miles de tales "cartas secretas" en busca de información sobre individuos.
