Bajo el amparo de la legislación, el Gobierno puede interceptar llamadas sin que exista causa, requisar archivos y retener a sospechosos por períodos indefinidos.
Washington, (Notimex).- La Cámara de Representantes aprobó por mayoría la extensión de la Ley Patriota, una nueva victoria política del presidente George W. Bush, que mantendrá la polémica sobre sus alcances en las libertades civiles y privacidad.
La aprobación, con el respaldo mayoritario de los republicanos, se produjo después de un prolongado debate que se extendió hasta bien entrada la noche del jueves, el cual se vio reanimado por los ataques producidos horas antes en Londres, capital británica.
Un total de 257 legisladores, la mayoría republicanos respaldados por medio centenar de demócratas, votaron a favor de renovar las 16 críticas provisiones de la ley previstas a expirar a finales de año, rebasando a los 171 que se opusieron.
La ley, aprobada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha sido denunciada por grupos civiles que consideran otorga al Gobierno Federal una amplia discreción en el ámbito de los derechos civiles, por lo que se habían manifestado en contra de su renovación.
Bajo su amparo, el gobierno puede interceptar llamadas telefónicas sin que exista causa probable, requisar archivos de actividades como visitas a bibliotecas y retener a sospechosos por períodos indefinidos sin cargos de por medio.
Durante las últimas semanas Bush intensificó la presión pública para que la Cámara renovara la ley, argumentando que ésta constituye un arma esencial en la lucha contra el terrorismo doméstico.
El líder del Congreso, el republicano Dennis Haster, dijo que la ley "asegurará que nuestra comunidad policiaca no pierda las herramientas que están ya en pie para combatir y perseguir terroristas".
La propuesta aprobada por la Cámara Baja deberá ir ahora a una comisión legislativa para reconciliarla con la versión aprobada antes por el Senado, la cual difiere de la primera porque mantiene algunas previsiones de manera temporal.
Aunque la versión de la Cámara de Representantes requiere que el decomiso de archivos de librerías y bibliotecas sea aprobado por el director del FBI, hace permanente 14 de las 16 previsiones y extiende por diez años otras dos.
Estas últimas relacionadas con el decomiso de archivos e intervención de teléfonos.
En contraste, la ley aprobada por el Senado extiende estas dos previsiones sólo por cuatro años y hace más rigurosos los argumentos legales para decomisar archivos, a la vez permite a los ciudadanos apelar en cortes judiciales las ordenes de búsquedas secretas.
