“Hay que ver de dónde vienen las críticas: apuesto doble contra sencillo que vienen
de quienes se afectó sus intereses”.
Santiago Creel
En varias ocasiones he manifestado públicamente mi opinión de que se debe permitir la instalación de casinos y otros centros de juego en México. El Estado no tiene por qué meterse en la vida personal de los ciudadanos para restringir la decisión individual de apostar o no. Pero lo anterior no significa que me parezca adecuada la manera en que la Secretaría de Gobernación, en el último tramo en que ésta fue encabezada por Santiago Creel, aprobó el permiso de operación de un numeroso grupo de centros de apuestas remotas (books) y salas de sorteos de números (bingos) a un número pequeño de empresas, entre ellas Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. del Grupo Televisa.
Nadie podría cuestionar estos permisos si el proceso de concesión fuera más abierto y transparente. En otras actividades económicas, cualquier persona o empresa puede abrir un centro de actividad simplemente si demuestra que tiene las instalaciones adecuadas y la capacidad profesional que se necesite. En el caso de los juegos y sorteos, estos permisos se dan a cuentagotas.
Un colega me señala que es paradójico que un Gobierno que ha tratado de presentarse como el parangón de la transparencia después del oscurantismo priista siga otorgando este tipo de permisos tras acuerdos hechos por debajo del agua. Si de verdad se quisieran eliminar las sospechas, la Secretaría de Gobernación debió anunciar previamente la disponibilidad de permisos y emitir una convocatoria en la que participaran distintas empresas con la capacidad de ofrecer el servicio.
Creel ha señalado que la generación de una mayor oferta de centros de apuestas es una forma de promover una mayor competencia y, por lo tanto, de evitar que se mantenga el monopolio que actualmente tienen un número muy pequeño de permisionarios, entre ellos el grupo Caliente de la familia Hank. Y en esto tiene razón. Es importante abrir las opciones del público que gusta de apostar. El problema no radica ahí sino en la manera en que se tomó la decisión sobre qué grupos podían abrir nuevos centros de apuestas.
Afirma el ex secretario Creel que la decisión no la tomó él en lo personal sino que le correspondió al Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Este grupo, al parecer, examinó más de 20 solicitudes de las que se escogió a los siete ganadores de los permisos. Sin embargo, a Creel se le olvidó aclarar que los consejeros ciudadanos de este grupo consultivo no tienen derecho a voto y que la decisión en realidad le correspondió a un puñado de subordinados suyos como secretario de Gobernación. Por otra parte, no se sabe cuáles fueron los criterios que llevaron a la eliminación de unos postulantes y a la aceptación de otros.
Televisa es, sin duda, una empresa muy profesional en muchos de los campos en los que participa, pero hay cuestionamientos a su participación en una operación de apuestas (debo aclarar que yo soy colaborador de dos empresas rivales, TV Azteca y Grupo Radio Centro, por lo que se puede tomar mi opinión con un granito de sal). Una primera objeción, aunque quizá no crucial por las restricciones legales que ha habido al juego en nuestro país, es el hecho de que Televisa carece de experiencia en el manejo de este tipo de negocios. Otra, sin duda más importante (y que me ha hecho notar otro colega), es que la empresa es dueña de tres equipos de futbol de primera división (el América, el Necaxa y el recién ascendido San Luis) que son objeto de apuestas. El grupo tiene así un conflicto de interés que debió haberlo descalificado de obtener un permiso en este campo. En todo caso, en sus centros se deberían prohibir las apuestas a estos equipos o quizá al futbol mexicano en general.
Yo no sé si es verdad que Santiago Creel promovió estos permisos con el fin de obtener beneficios en su campaña a la Presidencia. El que se otorgaron los permisos en condiciones de falta de transparencia -que, hay que reconocer, siempre han prevalecido- es un hecho, pero la existencia de un quid pro quo es hasta el momento una simple especulación. No deja de inquietar, sin embargo, que un Gobierno que se ha preciado desde su inicio de buscar la transparencia haya caído en las mismas conductas sospechosas de los regímenes anteriores.
DOLPHIN SAFE
Es muy positiva la decisión de la Unión Europea de aceptar la designación “dolphin safe” (sin mortandad de delfines) para el atún mexicano. Esperemos que ahora los tribunales estadounidenses acepten la definición del Programa Internacional para la Conservación del Delfín (APICD) en lugar de la que tiene el grupo Earth Island, la cual ha sido usada como un arma proteccionista de la flota pesquera estadounidense frente al atún de México y otros países.
