EL UNIVERSAL-AEE
WASHINGTON, EU.- El principal funcionario antidrogas del Gobierno de Guatemala fue acusado ayer en una Corte federal de Estados Unidos de narcotráfico, tras su arresto junto a otros dos oficiales, anunciaron ayer autoridades estadounidenses.
Los tres detenidos enfrentan cargos de conspirar para importar cocaína, como resultado de una investigación conjunta en torno a sus actividades por parte del Departamento de Justicia y la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense.
Los funcionarios, pertenecientes al Servicio de Análisis e Información Antinarcóticos (SAIA) fueron arrestados el martes en esta capital, poco después de arribar al país procedentes de Guatemala.
Los detenidos fueron presentados ayer ante un juez federal en Washington para ser instruidos de los cargos en su contra.
Los tres funcionarios detenidos fueron identificados como Adán Castillo López, (alias Adán Castillo Aguilar); Jorge Aguilar García, y Rubilio Orlando Palacios.
Castillo fue identificado como el jefe de la SAIA y el principal funcionario guatemalteco del área antinarcóticos, mientras que Aguilar se desempeñaba como el número dos de la SAIA. Orlando, era el responsable por la Seguridad en Santo Tomás, un puerto de Guatemala en las costas del Mar Caribe.
En un comunicado, el Departamento de Justicia y la DEA explicaron que los arrestos derivaron de una investigación de cuatro meses conducida por la DEA en Estados Unidos y Centroamérica en torno a las actividades de los tres acusados. La Administradora de la DEA, Karen Tandy, reconoció el negativo impacto que las actividades de los tres acusados en los esfuerzos para atacar el narcotráfico.
“Más que corromper la confianza pública, estos oficiales guatemaltecos han sido caballos de Troya de la misma adicción y devastación a cuyo combate habían sido confiados”, dijo.
La procuradora de Justicia Asistente, Alice Fisher, afirmó por su parte que el arresto de los tres funcionarios ejemplificó los esfuerzos de su dependencia para combatir la corrupción generada por el narcotráfico entre funcionarios públicos.
“Las fronteras internacionales no nos detendrán para perseguir y llevar a la justicia contra los policías que vendan sus placas para ayudar a los narcotraficantes, no importa dónde operen”, agregó.
Según analistas jurídicos, de ser convictos de los cargos en su contra, los cuales no fueron detallados, cada uno de los acusados podría enfrentar una pena de hasta diez años de prisión.
