EFE
TEHERÁN, IRÁN.- El juez reformista Masud Mokadasi fue asesinado ayer en Teherán por un desconocido que desde una motocicleta le disparó dos balas en la cabeza en plena calle, informó la agencia de noticias iraní Basat, cercana a los reformistas.
El juez Mokadasi investigaba algunos de los casos judiciales más polémicos del país, como el del periodista aperturista Akbar Ganji, encarcelado desde 2001 y hospitalizado en la actualidad debido al deterioro que sufrió su salud tras una huelga de hambre en prisión.
La citada agencia asegura que el atacante logró alcanzar con “dos balas en la cabeza a Mokadasi y huyó del lugar del asesinato”.
La televisión estatal iraní confirmó la noticia y detalló que Mokadasi fue asesinado en la calle de Ahmad Qasir, en el centro de la capital.
Sin embargo, el relato de la cadena estatal iraní señala que el ataque fue perpetrado por “dos personas que huyeron del lugar en una motocicleta tras asesinar a Mokadasi, quien se disponía a subir a su automóvil”.
El general Talai, jefe de las fuerzas del orden de Teherán, puntualizó, en declaraciones recogidas por la agencia estudiantil ISNA, que el asesinato se produjo “a las 16:00 hora local (11:30 Tiempo del Meridiano de Greenwich, GMT, por sus siglas en inglés)”.
“Hay dos testigos que están ayudando para aclarar el suceso”, dijo Talai, que explicó que el atacante había utilizado “una pistola”.
Talai negó cualquier relación entre este atentado y la ceremonia de investidura del presidente electo, Mahmoud Ahmadinayad, que se celebrará el próximo sábado.
El juez Masud Mokadasi ocupaba el puesto de vicefiscal de Teherán y se encargaba, según la agencia Basat, de algunos de los casos judiciales mas polémicos del país.
Entre los casos investigados por Mokadasi destaca el del periodista Akbar Ganji, hospitalizado a causa de las lesiones sufridas durante una huelga de hambre en la cárcel.
Ganji fue detenido en abril de 2000 tras participar en una conferencia en Berlín que las autoridades iraníes consideraron un “acto de propaganda”, y fue condenado a diez años de prisión y cinco de destierro por “actuar en contra de la seguridad nacional”.
