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Asocian narcotráfico con los paramilitares

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BOGOTÁ, COLOMBIA.- El procurador general de Colombia, Edgardo Maya Villazón, exigió “erradicar” el tema del narcotráfico del proyecto de Ley que busca otorgar beneficios jurídicos a los paramilitares que se desmovilicen, informó ayer la prensa local.

El funcionario judicial dijo que uno de los temas graves en la iniciativa que impulsa el Gobierno es el relacionado con el narcotráfico, actividad ilícita asociada al paramilitarismo.

“Hay un tema más grave: hay que erradicar totalmente el tema del narcotráfico; como delito común, no puede ir en ese proyecto.

“Tenemos, además, un problema que es la comunidad internacional, que tiene los ojos puestos sobre Colombia”, advirtió.

El proyecto de Ley que se debate en la actualidad en el Congreso busca darle un marco jurídico a las negociaciones que desarrolla el Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con miras a buscar la desmovilización de 13 mil paramilitares antes de 2006.

En la iniciativa se vincula el narcotráfico como delito conexo con el político, situación que a juicio de Maya Villazón no puede ser aceptada porque acabaría de hundir el proyecto, que tiene fuertes opositores dentro y fuera del Congreso.

“No se puede involucrar o establecer conexiones entre delitos políticos con el delito del narcotráfico; eso no es posible. Un factor que acabaría con todas las intenciones del proyecto es el tema del narcotráfico”, enfatizó el procurador general.

Agregó que la “comunidad internacional no lo va a dejar pasar. El proyecto puede convertirse en una especie de ‘lavadero’ y eso no es posible”.

Los principales jefes del paramilitarismo, que negocian su desmovilización con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, son acusados y pedidos en extradición por Estados Unidos, por el delito de narcotráfico.

“Siempre he querido hacer la pregunta que voy a formular:

“¿Existe algún compromiso (con los paramilitares) por parte del comisionado de Paz (Luis Carlos Restrepo)?”, se preguntó Maya Villazón. A juicio del funcionario, “hay que definir a quiénes se quiere beneficiar con el marco jurídico que se está construyendo. Yo entiendo que el proyecto está dirigido a quienes tomaron las armas para defender las instituciones”.

Las conductas de los paramilitares que entreguen las armas y que vayan a beneficiarse con la Ley, “tienen que ser descritas con tan absoluta claridad, que no les permita a los jueces, ni a los operadores jurídicos, ni a nadie, interpretarla”. Maya Villazón insistió que el comisionado Restrepo debe aclarar las dudas que existen sobre eventuales compromisos del Gobierno con los jefes paramilitares en la mesa de negociación, con sede en el norteño caserío de Santa Fe de Ralito.

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