Dos periodistas han muerto y uno más se encuentra desaparecido en lo que va del mes de abril.
La comunicadora, Guadalupe García Escamilla, murió anteayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de once días de agonía por haber recibido nueve impactos de bala.
Raúl Gibb, dueño del diario La Opinión de Poza Rica, fue asesinado a tiros el pasado día ocho.
Desde el dos de abril, se desconoce el paradero del reportero Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial de Hermosillo.
Estos recientes hechos violentos contra trabajadores de medios de comunicación, recuerdan el homicidio del editor del semanario Zeta, Francisco Ortiz, acaecido en junio del año pasado.
En los cuatro casos, existen líneas de investigación que apuntan al narcotráfico, ya que, dentro de las labores que desempeñaban los periodistas, estaba la de denunciar las actividades relacionadas con la venta de droga.
Frente a estos cobardes crímenes, surge la indignación por los ataques contra seres humanos que desarrollaban el importante trabajo de informar a la sociedad, y por el golpe que representa para la libertad de prensa.
Ante la nueva ola de atentados, cabe la reflexión y el cuestionamiento sobre los vacíos que el Gobierno ha dejado y la falta de efectividad de las instituciones y sus funcionarios para velar por las garantías y derechos de todos los ciudadanos, en general, y de quienes se dedican a la riesgosa profesión de comunicar, en particular.
Los asesinatos de Guadalupe, Raúl y Francisco y la desaparición de Alfredo, deben ser esclarecidos y los responsables castigados. Por justicia para con los deudos, por la defensa de la libertad de prensa y por el bien de toda la sociedad mexicana.
