EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Mediante una auditoría ordenada por el Consejo de la Judicatura, habrá de determinarse la gravedad de los desvíos de las cantidades que fueron depositadas en garantía para los diferentes procesos que se llevan a cabo en los juzgados letrados y penales, informó, Jesús Gerardo Sotomayor Garza, magistrado unitario de Circuito.
Con el resultado que se obtenga de dicha medida, saldrá a relucir si existen más implicados en este ilícito y de ser así se procederá en consecuencia, incluso si éstos sean servidores o funcionarios públicos, subrayó.
De momento, dijo, se encuentran bajo arraigo dos personas que están bajo investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado que ya cuenta con la denuncia respectiva y que en los momentos de incurrir en el delito estaban realizando su servicio social como estudiantes de Derecho.
Se trata de Antonio Esaú Niño Segura y Carlos Alberto Torres Cárdenas, a quienes se les instruirá proceso por la disposición indebida de cheques depositados por los procesados penales a título de fianzas, al estarse desempeñando como auxiliares en los juzgados.
Sotomayor Garza manifestó que la indagatoria habrá de efectuarse hasta las últimas consecuencias, reiterando que en caso que servidores públicos estén implicados, se les sancionará y además se les iniciará el proceso penal correspondiente.
Será en los próximos días cuando el Consejo de la Judicatura disponga la realización de la auditoría que, de ameritarse, se hará extensivo al resto de los juzgados letrados y penales, dijo el magistrado.
El delito
Dos personas que se desempeñaban como auxiliares en los juzgados, fueron descubiertas cuando intentaban cambiar varios cheques que amparaban fianzas de los diferentes procesos que se ventilan.
De acuerdo a las declaraciones de Antonio Esaú Niño Segura y Carlos Alberto Torres Cárdenas, lograron hacer efectivos alrededor de 60 cheques y que esta ilícita práctica la realizaban desde hace casi un año.
Una vez descubiertos, ambos fueron arraigados mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza las investigaciones correspondientes.
