EL SIGLO DE TORREÓN
DURANGO, DURANGO.- El decomiso de armas de fuego por la Policía Ministerial se incrementó diez por ciento con relación a 2003, principalmente en el medio rural, de acuerdo a las estadísticas de la corporación.
Durante 2003 fueron decomisadas 373 armas de fuego de las cuales 272 son armas cortas que van desde calibres .22 hasta .380 y .9 milímetros, captadas durante la campaña permanente de despistolización que realiza la corporación.
De igual forma en el presente año contabilizando hasta el mes de noviembre un total de 416 armas de fuego, 325 de ellas cortas y 91 largas, en estos calibres fueron desde rifles calibre .22 hasta fusiles R-15 y AK-47, con mayor frecuencia en la zona serrana de la entidad, región a la que más elementos de la Policía Ministerial se manda.
Pedro Chávez Cibrián, director de la corporación señaló dos razones para el crecimiento y circulación de armas de fuego en la Entidad. Una se refiere a las armas que provienen de los Estados Unidos y que son traídas por quienes vienen de trabajar allá y entre su equipaje portan alguna, ya sea para regalos a familiares o venta.
Otro medio que se da es cuando se decomisan y en algunos casos los propios agentes lejos de entregar el arma la venden, siendo que generalmente estos artefactos tienen algún registro al participar en homicidios, sin dejar de mencionar la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
“Cuando se decomisan armas por elementos de la Ministerial se verifican los registros que hay en los bancos de Servicios Periciales, con ello se puede verificar y rastrear alguna que haya sido utilizada en hechos de sangre, datos que se comparten con otras dependencias de seguridad”.
El informante indicó que otra ruta que sigue el armamento es el que se desecha de países del sur, principalmente de la fabricación soviética, ya que por los escasos controles de las aduanas es fácil que penetren hasta llegar a estados del norte. “Lo decomisado mes por mes se entrega a la Décima Zona Militar donde se registra y posteriormente son destruidas”.
Finalmente, Chávez Cibrián estableció que conforme a las metas estipuladas para el 2005, la Procuraduría de Justicia pretende abatir o reducir en zonas ya detectadas los hechos de sangre además de incrementar las campañas de despistolización en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional y Policías Preventivas de las cabeceras municipales.
