EL PAÍS
París, FRANCIA.- El estallido de violencia en Clichy-sous-Bois, ciudad dormitorio de la periferia parisina habitada mayoritariamente por inmigrantes africanos, no parece en vías de apagarse. La condena e ingreso en prisión, ayer, de seis jóvenes del barrio y la explosión de una bomba lacrimógena en la mezquita dieron pie a otra noche violenta.
Desde hace cuatro días, desde que dos adolescentes murieran electrocutados al refugiarse en un transformador y un tercero resultara herido al huir de la Policía, se repiten la quema de vehículos y los enfrentamientos con la Policía.
El ministro del Interior Nicolás Sarkozy, en cuyas apresuradas declaraciones del viernes pasado aseguró que a los chicos no les perseguía la Policía cuando saltaron un muro de tres metros y cruzaron varias alambradas para entrar en la subestación eléctrica que acabó siendo su tumba.
Ayer por la mañana, el ministro del Interior se presentó en la Prefectura de Seine-Saint Denis, en el noroeste de la capital francesa, para felicitar a las fuerzas de Seguridad por cómo han gestionado la situación. Por la tarde, Sarkozy había anunciado que recibiría en su Ministerio a los familiares de los dos jóvenes muertos para comunicarles el contenido del expediente que se ha abierto sobre el caso.
Pero no pudo ser. Las familias de Bouna, de 15 años, y Zyed, de 17, originarias de Túnez y Malí, se negaron a acudir y descalificaron al titular de Interior y pidieron ver al primer ministro Dominique de Villepin, el gran rival político de Sarkozy.
“Es un incompetente”, dijo Siyakah Traore, hermano de Zyed, “no hay más ver cómo se está llevando a cabo la investigación”. “Pedimos calma, se vayan los antidisturbios, ver al primer ministro y que las pesquisas sean rápidas y transparentes”.
Pese a todo, Sarkozy se trasladó a Clichy-sous-Bois y garantizó personalmente a varios amigos de las víctimas que se conocerá toda la verdad sobre lo sucedido. De las más de 30 personas detenidas a lo largo de estos últimos cuatro días, 13 fueron juzgadas ayer por procedimiento abreviado por el tribunal correccional en Bobigny y tres enviadas a prisión tras ser condenadas a ocho meses de cárcel de los que dos eran firmes por la quema de vehículos y contenedores. Otros diez, con edades entre los 14 y los 17, pasarán ante el tribunal de menores.
