Imponen las reformas aprobadas de seis a diez años a quien sustraiga de forma ilegal hidrocarburos.
EL UNIVERSAL-AEE
México, df.- La industria petrolera nacional, principal productora de recursos del país, experimenta conductas delictivas, como el robo y la adulteración de combustibles, que dañan de forma considerable la riqueza y ponen en riesgo el futuro de los mexicanos.
Para evitar esto, el Senado de la República aprobó durante su periodo de sesiones diversas medidas para combatir estas acciones; como calificar de delitos graves el robo y adulteración de los combustibles.
Las reformas imponen de seis a diez años de prisión y multa de 500 a diez mil días a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, en cualquier estado, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera nacional, sin consentimiento explícito de las autoridades en el ramo.
Como las actividades delictivas han colocado en una crisis las reservas petroleras, que se ha extendido a la producción, la sanción aumentará en una mitad si el responsable es o fue servidor público, o cuando tenga algún tipo de relación comercial con la industria petrolera; y se obtengan los productos energéticos de ductos o instalaciones nacionales.
Esto para disuadir a los funcionarios de dilapidar los bienes nacionales.
También, para evitar una mayor crisis en la producción que pueda colocarnos en el desabasto se han impuesto castigos de seis a diez años de prisión y de 200 a mil días de multa, a quien introduzca al país cualquier sustancia que permita alteración o modificación de cualquier combustible producido y comercializado por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Aunado a esto, si alguien posee hidrocarburos, o cualquier otro producto que se obtenga de éstos, así como alguna sustancia que pueda ser empleada para la alteración o modificación de los combustibles, sin acreditar su procedencia, enfrentará las penas señaladas por la Ley.
Todos los combustibles o productos asegurados por las autoridades se entregarán en restitución inmediata a Petróleos Mexicanos o empresas filiales para que se reintegren a la riqueza nacional.
Avalan apertura al secreto bancario
El Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, la cual elimina el secreto bancario en caso de investigaciones fiscales y electorales.
Con la reforma se busca fortalecer la función de fiscalización y rendición de cuentas de los recursos públicos, que tienen encomendadas diversas autoridades.
La modificación considera que si bien es cierto que los secretos bancario y fiduciario deben garantizar la reserva de información financiera de las personas, también lo es que en determinados casos, las autoridades competentes deben tener acceso a diversa información financiera para estar en posibilidad de ejercer la supervisión y fiscalización de recursos públicos o la investigación de hechos ilícitos.
Lo anterior mediante la obligación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de proporcionar toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite la autoridad judicial con relación a las operaciones que celebren y los servicios que presten, todo ello dentro del marco legal que garantice la reserva de la información financiera y los derechos de los particulares.
