Es oportuno recordar a Max Weber cuando afirma que la historia demuestra que en este mundo jamás se llega a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible. Y esta sentencia no tiene desperdicio cuando del derecho de acceso a la información pública se habla en México.
El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en parte de la agenda de la democracia mexicana. Este derecho se subsume o se puede sustituir en la idea de la transparencia; antes bien, la transparencia es un ingrediente del derecho de acceso a la información pública y este concepto en realidad es deudor del principio tradicional de la democracia del deber de publicidad del Estado. Una Ley federal, dos tercios de estados con Leyes aprobadas y todos los estados con al menos una iniciativa legal no es poca cosa si se considera que se ha hecho en los últimos tres años.
Hay buenas noticias, en términos generales, para el país, con las salvedades de siempre. En Jalisco, donde existía la peor Ley del país, se ha reformado de manera sustantiva, gracias a la iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con el concurso de los demás fracciones partidistas y la aquiescencia -menos convencida- del gobernador, Francisco Ramírez.
En Aguascalientes, el gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat ha hecho de la apertura informativa parte de su Programa de Gobierno y ha firmado convenios gratuitos con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Libertad de Información-México A.C. para hacer de la debilidad institucional que existe en este Estado su fortaleza con un ambicioso diseño de un marco jurídico nuevo. De la misma suerte, en el Distrito Federal se trabaja en la creación y definición de criterios de clasificación, que es uno de los problemas más puntuales de la apertura, donde existe disposición del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para tal efecto. Por desgracia, Veracruz se ha quedado prácticamente sólo como el Estado más atrasado del país en esta materia.
Como se recordará, en ese Estado se ha aprobado una Ley que hace de la restricción, la regla general y del acceso a la información, la excepción. Y en Sonora se ha dado vida constitucional a un despropósito legal: que sea el Tribunal Electoral el órgano garante del acceso a la información (cuando tenga tiempo entre cada proceso electoral, por supuesto) y, por si fuera poco, el Congreso local quiere disputarle ese lugar a Veracruz con un dictamen sobre transparencia hecho en la opacidad... Otro de los temas que están a discusión de cara al proceso de sucesión presidencial reside en los órganos reguladores independientes.
En el ámbito federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ha ido convirtiéndose en un garante del acceso por aproximaciones sucesivas y su trabajado ha ido ganando reconocimiento de propios y extraños. Las sesiones públicas se han convertido en la regla y su efecto sobre la apertura es notable. Esta circunstancia ha dado, por un lado, legitimación de la figura del organismo regulador y, por otro, ha generado condiciones para que el tema pueda blindarse por eventuales tendencias que pudieran promover la regresión en este tema. Pero si a nivel federal se trabaja en esa dirección, en buena parte de los estados los ánimos se encuentran en el sendero opuesto.
En efecto, vinculación excesiva con los poderes públicos, ausencia de diálogo con los sujetos obligados, problemas con los perfiles adecuados y conflictos claros y evidentes de interés entre algunos consejeros y comisionados de acceso a la información estatales, generan un contexto indeseado que brinda elementos a quienes ven en la apertura y la transparencia un personaje incómodo para el ejercicio del poder desde la lógica tradicional y autoritaria.
Paradójicamente, en buena parte de los estados los comisionados y consejeros no son propiamente los referentes públicos de la apertura informativa, lo cual no constituye el mejor mensaje para afianzar la institución del órgano garante. Es necesario, pues, trabajar en diseño normativo e institucional y en perfiles adecuados, con el propósito de ganar la batalla entre la opinión pública, en el sentido de que el Instituto o Comisión estatal es un aliado de la apertura y no que se destinan recursos públicos para cercenar el derecho a saber. Ese es el tamaño del reto.
