“Un comité puede tomar una decisión
que es más insensata que la suma de sus miembros”. David Coblitz
Yo no sé si la Suprema Corte de Justicia terminará por decidir que la nueva Ley Cañera es inconstitucional. Pero no me cabe duda que se trata de una pésima Ley. Si se permite que se aplique, sólo para evitar que los grupos cañeros del PRI hagan manifestaciones y bloqueos armados con machetes, les estaremos dejando un pesado lastre a la industria azucarera y a la economía nacional.
La mal llamada Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar parte de un mal principio: que la caña de azúcar necesita una Ley especial. Si aceptamos esto, pronto tendremos una Ley del aguacate, otra del jitomate, una de la cebolla y una más del perejil. La verdad es que no hay razón por la cual la producción y el comercio de la caña de azúcar no puedan basarse en las mismas Leyes económicas que se aplican al resto de los productos.
El Artículo quinto de la Ley establece, sin embargo, que el azúcar de caña, por ser “necesario para la economía nacional y el consumo popular”, debe quedar sometido al trato especial que establece el Artículo séptimo de la Ley Federal de Competencia Económica. La propia Ley Cañera, en su Artículo séptimo, le encarga a la Secretaría de Agricultura dictar políticas públicas que le den a la industria cañera “rentabilidad, productividad y competitividad”, pero establece reglas que impiden que esto se logre. Entre las prerrogativas que la nueva legislación le concede a la Sagarpa están las de proponer a la Secretaría de Economía precios máximos y promover aranceles al azúcar o productos sustitutos del azúcar que provengan del exterior.
En el más puro estilo soviético, la Ley crea en su Artículo noveno un Comité Nacional que determina todos los aspectos de la industria del azúcar y que elimina el mercado libre. Este comité generará “mecanismos de concertación entre abastecedores de caña e industriales”, que en cualquier otra actividad serían ilegales por monopólicos. Mantendrá, además, un “sistema de registro obligatorio e informe de control semanal, mensual y anual” del azúcar y sus sustitutos y evaluará “las repercusiones de los tratados de libre comercio” para “proponer medidas pertinentes”.
Para cultivar caña y abastecer ingenios habrá que estar registrado en un padrón. Se redactará un “contrato uniforme” entre los abastecedores de caña y los ingenios sin importar las condiciones individuales de cada uno. “El Comité Nacional elaborará el formato del Contrato” (artículo 50). El precio de la caña de azúcar “regirá anualmente, de acuerdo al precio de referencia del azúcar que proponga el Comité Nacional y publique la autoridad competente en el Diario oficial de la Federación” (Artículo 57).
La caña que se use para producción de azúcar tendrá un precio obligatorio de “57 por ciento del precio de referencia”. La Ley establece los términos de pago por la caña y define, con burocrática precisión, una serie de normas sobre cómo se debe procesar y cobrar el producto. Los “controversias azucareras”, por ejemplo entre cañeros e ingenios o entre éstos y el Comité Nacional, no podrán ventilarse en los tribunales regulares sino solamente en una serie de comités de conciliación o en una junta permanente que podrá conciliar o arbitrar entre las partes.
No sólo se pretende así aislar a la industria del mercado sino se le dota de tribunales especiales. Si pensábamos que el tiempo de los fueros había terminado, aquí queda claro que no. Se ha hecho común decir que esta nueva Ley Cañera está regresando a nuestro país a los tiempos del echeverrismo.
Pero quizá vaya más allá. Refleja una visión estalinista de la economía. En todo el mundo hay distorsiones y subsidios en la industria azucarera. Pero esta Ley, en lugar de empezar a eliminarlas, las refuerza. El recurso de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia sólo se ocupa de las mayores aberraciones. Pero la verdad es que esta Ley representa un retroceso mayúsculo para los esfuerzos de crear una industria azucarera realmente competitiva y sustentable.
Si queremos tener inversión en la industria azucarera, si deseamos mejorar la productividad y hacernos competitivos, tenemos que partir de la estrategia opuesta. Debemos eliminar las restricciones a la libre competencia en el mercado azucarero.
COMPETITIVIDAD
No es sorpresa. México cayó siete lugares en la lista anual de competitividad del Foro Económico Mundial de Davos. Pasamos del lugar 48 al 55. Delante de nosotros están Uruguay, Egipto, Mauricio, Polonia, India, China y Botswana. La corrupción y los niveles de crimen, así como la falta de avance tecnológico, son factores de esta caída.
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