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LONDRES, INGLATERRA.- El presidente de Transparencia Internacional (TI), Peter Eigen, declaró ayer aquí que los países de América Latina están experimentando progresos muy positivos en la lucha contra la corrupción.
Tras la presentación del Informe Global sobre Corrupción 2005, el presidente de esta Organización No Gubernamental dedicada al control y medición de la corrupción en el mundo, destacó los esfuerzos realizados en esa región.
Señaló que América Latina está llevando a cabo importantes avances para incrementar la transparencia, tanto en el sector privado como en los organismos públicos, aunque matizó que es todavía necesario el compromiso de los gobiernos para hacerlos efectivos.
“En regiones como Latinoamérica no es ya tan necesario el aumento de la regulación como la creación de programas de sanciones efectivos que conviertan la corrupción en una actividad demasiado peligrosa para ser rentable”, dijo. La responsable del programa de contratación de TI, Juanita Olaya, estimó que América Latina “no sufre mayor corrupción que cualquier otra región del mundo, pero sí es cierto que se tiene mucha conciencia sobre este problema”.
Explicó que “Latinoamérica tiene una sociedad civil muy clara y definida, que tiende a ser muy activa”, factor que está provocando una mayor respuesta de la población ante la corrupción existente.
Sin embargo, los antecedentes de conflictos armados y regímenes dictatoriales en esa región dificultan los avances y ayudan a que la corrupción siga muy presente, en sectores como la contratación, la construcción y el lavado de activos, indicó.
La Organización No Gubernamental destacó que el problema de la efectividad de la legislación vigente es el principal obstáculo para erradicar las prácticas corruptas, un hecho que se refleja en países como Argentina.
Según el informe de TI, a pesar de la adopción de la nueva Ley de cuentas políticas en Argentina, aplicada a partir de abril de 2003, los informes financieros exigidos por la legislación “por lo general no guardan mucha relación con la realidad”.
En el caso de Panamá, TI retó al presidente Martín Torrijos, electo el pasado año, a traducir sus promesas electorales de acabar con la corrupción en acciones efectivas.
“Los altos niveles de fraude electoral y las acusaciones de irregularidad en la financiación de las campañas electorales de 2004 llevó a la reforma electoral a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública”, destacó.
En el documento, TI cuestionó también el funcionamiento lícito del Poder Judicial en lugares como Nicaragua, donde las principales fuerzas políticas no han logrado aprobar una nueva legislación que potencie la transparencia.
La debilidad del Poder Judicial respecto al Ejecutivo y el Legislativo es también “evidente” en Bolivia, subrayó el informe, especialmente en el caso del anterior ministro de Defensa Fernando Kieffer.
TI denunció que la inmunidad parlamentaria y una “dócil” comisión del Congreso responsable de investigar casos de corrupción de alto rango, permiten que un caso presentado hace cinco años permanezca estancado.
Destacó también como “evidente en varios estratos del Gobierno” el uso ilícito de fondos estatales en ese país.
Entre otros casos, subrayó la situación de Colombia, con un alto índice de corrupción, contra la que se firmaron pactos de transparencia entre organizaciones civiles y los gobernadores e intendentes.
No obstante, “el éxito del esquema fue limitado porque los términos del pacto resultan demasiado generales para que su cumplimiento sea monitoreado con efectividad”, añadió.
En Perú, la corrupción fue también un problema muy presente en la devolución de las competencias del Gobierno central a las regiones, ya que “la velocidad con la que se implementó la operación no dio tiempo a establecer mecanismos de control”.
Después de indagaciones contra 25 presidentes regionales por corrupción y la destitución de uno de ellos por sobornos y enriquecimiento ilícito, “las nuevas instituciones no logran proporcionar información a entidades de control y distritos”, señaló.
Respecto a Brasil, la lucha del Gobierno contra la corrupción ha estado marcada “por las reacciones a los escándalos más que por esfuerzos por querer eliminar el problema de raíz”, aseguró el informe de TI.
