“Es el espíritu y no la forma de la Ley lo que mantiene viva la justicia”.
Earl Warren
René Bejarano dejó la cárcel este siete de julio. Pocas noticias han generado tantas protestas entre la población en general. En mi programa de radio he recibido un alud de llamadas telefónicas de unánime condena. Muchos han querido ver en la liberación de Bejarano, de hecho, un “complot” entre el Gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador y el federal de Vicente Fox.
La verdad es que Bejarano ha quedado en libertad porque eso es lo que determina la Ley. Millones de mexicanos vimos el video de cómo el contratista Carlos Ahumada le entregaba fajos de dólares a Bejarano. Y muchos, por lo tanto, consideran al ex presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ex secretario particular de López Obrador como un símbolo de la corrupción. No entienden, por lo tanto, cómo un juez pudo haberlo dejado en libertad.
Bejarano, sin embargo, no estaba siendo procesado por corrupción sino por lavado de dinero. Y el quinto tribunal unitario determinó, con razón, que no había pruebas que comprobaran su responsabilidad en este delito en particular.
El delito de lavado de dinero, como se conoce popularmente a las “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, se establece en el Artículo 400 bis del Código Penal Federal. Dicho artículo plantea que se castigará a cualquier persona que “adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera... recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”.
Si bien la tipificación del delito es deliberadamente vaga, para permitir a las autoridades la posibilidad de usarlo para lo que sea, no hay indicios de que Bejarano haya incurrido en ninguna modalidad de él.
Para que hubiera lavado de dinero, la PGR tendría que haber demostrado que el dinero que Ahumada le entregó a Bejarano era de procedencia ilícita, pero hay pruebas que procede de la operación lícita de los negocios de Ahumada.
El que un político reciba dinero de un contratista no es necesariamente un delito a menos que, por ejemplo, se trate de un pago para obtener un trato especial. Pero Bejarano no era funcionario del Gobierno del Distrito Federal al recibir los fondos ni hay indicación que los haya empleado para cohechar a algún funcionario. La única información que se tiene es que el dinero se usó para las campañas políticas del PRD en 2003.
El uso en una campaña política de fondos que no se reportan a las autoridades electorales no constituye lavado de dinero, aunque sí es una violación a la legislación electoral. Y ésta es la acusación que le queda pendiente a Bejarano, la cual puede enfrentar en libertad porque no se trata de un delito grave. El fallo de la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio es, así, impecable.
No deja de ser paradójico, sin embargo, que mientras que Bejarano y Carlos Ímaz, los receptores del dinero de Ahumada, ya gozan de libertad, aun cuando el primero esté todavía en proceso por delitos electorales, Ahumada se encuentra en la cárcel. El contratista no está siendo enjuiciado formalmente por haber entregado dinero a esos políticos sino por un presunto fraude en obras realizadas para la delegación Tláhuac, las cuales al parecer no fueron concluidas como se había pactado.
Pero los casos sobre diferencias en obras rara vez se ventilan por la vía penal. Usualmente se dirimen en procesos administrativos que se resuelven a través de peritajes. Si se encuentra que el contratista no ha terminado una obra a satisfacción, se ordena la devolución del dinero o una multa administrativa pero no la cárcel. La insistencia del Gobierno de López Obrador por mantener este caso en el campo de lo penal sugiere que el jefe de Gobierno sí está cobrando una venganza sobre el contratista que aparentemente trató de chantajearlo con los videos de las entregas de dinero a sus hombres de confianza.
La Ley ha hecho lo que tenía que hacer en estos dos casos. Ninguno se ha desviado realmente de la letra de la Ley. Sin embargo, la diferencia en el trato a Bejarano, liberado y a Ahumada, quien permanece en la cárcel, ratifica que los gobernantes tienen formas de encauzar la justicia por el camino que les conviene sin violar la Ley.
BARRIO Y CREEL
Francisco Barrio ha decidido abandonar la carrera por la candidatura presidencial del PAN porque afirma que el Gobierno está favoreciendo a Santiago Creel. Este tipo de acusaciones, sin embargo, ya no se pueden hacer en abstracto. Barrio debe señalar específicamente cómo está el Gobierno apoyando a Creel.
