Los informes del Gobierno Federal, específicamente de las centrales de inteligencia de dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el narcotráfico en nuestro país, resultan, en extremo, desalentadores. Al menos ocho organizaciones criminales, cárteles con gran poder económico y “armado”, operan en México -algunos incluso desde penales de “máxima seguridad”- y actualmente se encuentran en guerra por el control de territorios y el trasiego de todo tipo de drogas, sin que al parecer nadie pueda oponer resistencia a esta suerte de repartición de un jugoso botín.
Para vergüenza de todos los mexicanos, las autoridades encargadas por mandato de Ley a velar por la seguridad de la población e impedir que la delincuencia organizada siga creciendo, en poder, áreas de influencia y en total impunidad, reconocen –por ejemplo- que el Cártel de Juárez opera en 21 estados y que controla células en Culiacán, Monterrey, Ciudad Juárez, Ojinaga, el DF, Cuernavaca, Guadalajara y Cancún.
Los Arellano Félix y su Cártel de Tijuana, mantienen operaciones en 15 estados y tienen células en Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada. El Cártel del Golfo opera en 13 estados y mantiene células en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros y Morelia y eso que su líder está encarcelado en La Palma desde marzo de 2003.
A lo anterior hay que agregar las organizaciones criminales en Oaxaca, el Cártel del Milenio en Michoacán, a los hermanos Amezcua, los llamados reyes de las anfetaminas que operan en seis estados y tienen células en Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y el DF y por supuesto, al escurridizo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que es señalado como uno de los más importantes líderes del narcotráfico en México y que según los propios informes oficiales, opera en los estados de México, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Baja California, Chiapas, Durango, Nuevo León, Zacatecas y el Distrito Federal.
En suma, todo el país reducido a botín de delincuentes y los mexicanos, rehenes de sus guerras por el control de rutas y mercados. A las autoridades no resta más que advertirles que no basta con reconocer un problema... hay que combatirlo, antes de que sea demasiado tarde.
