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SAO PAULO, BRASIL.- La falta de una legislación contra delitos en Internet, como invasión de páginas, sabotaje y propagación de virus, ha convertido a Brasil en el "paraíso" preferidos de los hackers (piratas informáticos), reconocieron ayer las autoridades.
La Policía Federal (PF) de Brasil divulgó los resultados de un estudio realizado el año pasado que apuntan a que de diez hackers en el mundo, ocho tienen que ver con este país sudamericano, ya sea por su nacionalidad o por utilizar sitios registrados como brasileños.
La legislación local, con el modelo de la Constitución de 1988 que desconoce los delitos informáticos, es aplicada sólo a fraudes, hurtos y pedofilia, pero con las sanciones a las infracciones y consecuencias físicas que se derivan.
El sabotaje a páginas, la invasión, el envío masivos de mensajes por correo electrónico (spam), la propagación de virus y la utilización de programas (troyanos) para robar datos, que son delitos propios de la informática, son desconsiderados por la Ley.
Las autoridades, sin embargo, han estado atentas al movimiento de los hakers, como el caso de Guilherme Amorim Oliveira Alves, quien con 19 años, desvió en 2002 millones de dólares de cuentas nacionales y extranjeras en operaciones por Internet.
Alves, en la primera sentencia a un hacker brasileño, fue condenado el año pasado a seis años y cuatro meses de prisión, tras haber sido liberado en dos ocasiones anteriores por falta de pruebas, a pesar de tener datos de tres mil 500 cuentacorrentistas.
La tenencia en su poder de los datos, robados con programas "troyanos" y la clonación de páginas de bancos para engañar clientes, fue prueba insuficiente para acusar a Alves en su primera prisión, hace tres años en la ciudad de Campo Grande.
La clonación de Alves abarcó, además de bancos de Brasil, páginas de instituciones financieras de Corea del Sur, Perú y Estados Unidos, pero sólo hasta que cometió el delito físico pudo ser aprendido y juzgado.
En un segundo operativo, la PF desmanteló en octubre pasado a una cuadrilla que desvió cerca de 80 millones de dólares, pero como en el caso de Alves, la captura sólo pudo realizarse cuando el robo se consumó, a pesar de los indicios previos.
En febrero pasado, la PF actuó de nuevo tras el robo de 3.5 millones de dólares en 200 cuentas bancarias de diferentes estados y donde estaban involucrados funcionarios de los bancos que suministraron las señas para las transferencias por Internet.
