La periodista pretende trasladar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
EFE
MÉXICO, DF.- La periodista mexicana Lydia Cacho, autora de un libro que aborda casos de pederastia y que fue acusada de difamación, dijo ayer que sus abogados intentan montar una estrategia de defensa con apoyos internacionales.
La también activista señaló que su defensa pretende trasladar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como a un tribunal federal, lo que la alejaría de los tribunales del estado de Puebla.
Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, que aborda el caso de una red de pederastia encabezada por el empresario mexicano de origen libanés Jean Succar Kuri, fue detenida el pasado día 16 en el balneario de Cancún por policías del estado de Puebla que presentaron una orden de arresto por el cargo de difamación.
Explicó que espera tener esta misma semana definidos los pasos que dará en el plano internacional ante la demanda presentada en su contra por el empresario Camel Nacif Borge, mencionado por la periodista en su libro como uno de los protectores de Succar Kuri.
"Tenemos suficientes elementos gracias a las declaraciones públicas (del gobernador de Puebla) Mario Marín y de la procuradora (estatal, Blanca Laura Villeda) (...) para demostrar que si el juicio se lleva a cabo en Puebla no va a ser imparcial", dijo.
La periodista indicó que las autoridades de Puebla violaron ya algunos tratados internacionales con la forma en que la detuvieron y con declaraciones que la acusaban de ser culpable antes del juicio.
Señaló que la estrategia de defensa fuera del estado de Puebla "va bastante avanzada" y que cuentan ya con el respaldo de varias organizaciones profesionales y de derechos humanos.
Entre éstas citó a Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMT), con sede en Suiza, mientras que señaló que trabaja con otras instancias para trasladar el caso "ya en términos jurídicos".
Cacho, presidenta del Centro Integral de Atención a Mujeres (CIAM), denuncia que en el mundo entero las redes de pornografía infantil vinculadas al crimen organizado no podrían subsistir si no fuera porque detrás de ellos están protegiéndoles "los poderes políticos y económicos de muchos empresarios".
