Emplazan a la secretaría a contestar en un plazo de 45 días; suspende un tribunal la ejecución de la sanción.
AGENCIAS
MÉXICO, DF.- Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Petróleos Mexicanos, presentó una demanda para anular la multa de mil 421 millones de pesos que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), como sanción administrativa por autorizar recursos para el sindicato petrolero en 2000.
La demanda contencioso-administrativa fue admitida el martes a trámite por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que emplazó a la SFP para contestar en un plazo de 45 días.
Con la presentación del recurso quedó suspendida la ejecución de la multa, que es una de las más altas que se han impuesto en el servicio público federal, así como de la inhabilitación de 20 años a Montemayor para ocupar puestos públicos.
El caso quedó en manos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del TFJFA, aunque por su monto podría ser atraído por la Sala Superior, integrada por 11 magistrados.
Cualquier decisión del TFJFA será apelable ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, mismo que tendría la última palabra, mientras que el litigio tomará por lo menos entre seis meses y un año.
Cuando la SFP difundió esta sanción, el diez de mayo, Montemayor acusó a la dependencia de ignorar un acuerdo del Consejo de Administración de Pemex en el que se reconoció que la empresa no sufrió daño patrimonial por los convenios del año 2000 con el sindicato.
Sostuvo que la legalidad de estas operaciones ya fue reconocida en el convenio firmado entre Pemex y el sindicato petrolero en 2004, cuando se afirmó que fueron negociaciones laborales válidas y que los pagos fueron legales.
PIDE REFORMA
Por otro lado, Montemayor Seguy, afirmó que la reforma energética no requiere privatizar empresas paraestatales y que en el caso de Petróleos Mexicanos debe definirse una nueva relación con el Gobierno.
Al reaparecer públicamente en la 116 Junta Macroeconómica auspiciada por el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Universidad Anáhuac, el ex funcionario sostuvo que la carga fiscal de Pemex no debe ser superior a 25 por ciento, sin embargo ahora paga más de dos tercios de sus ingresos a la hacienda pública.
El también ex gobernador de Coahuila indicó que en esta nueva relación de Pemex con el Gobierno, la rentabilidad de la empresa debe invertirse en sus procesos de desarrollo y dejar de ser el pilar fundamental de las finanzas públicas, porque la cantidad de impuestos que paga la ha obligado a adquirir una deuda muy importante.
Explicó que si bien hasta ahora se han concretado reformas parciales en el sector energético, los cambios no han concluido y en este sentido, sostuvo que el Poder Legislativo no es responsable de los escasos avances que en esta materia se han logrado.
