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Buscan desaforar a diputado brasileño

"No renunciaré, haré una defensa total de mi honra e iré hasta el fin de esta historia" afirmó hoy el legislador.

Dirceu y otros tres legisladores están implicados en supuestos sobornos a parlamentarios pagados por el PT para lograr apoyo al gobierno de Lula.

Brasilia, (EFE).- José Dirceu, el ex "hombre fuerte" del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, decidió hoy hacer frente a un juicio de destitución en la cámara baja brasileña por corrupción, en vez de renunciar para garantizar sus derechos políticos.

El proceso con fines de destitución contra el diputado Dirceu y otros tres legisladores implicados en los escándalos en torno al oficialista Partido de los Trabajadores (PT) fue abierto formalmente hoy en la Cámara de Diputados.

Ricardo Izar, presidente del Consejo de Etica de la Cámara Baja, firmó un acta según la cual Dirceu, así como los diputados Sandro Mabel, del Partido Liberal, Romeu Queiroz y Francisco Goncalves, ambos del Partido Laborista Brasileño, serán procesados por "faltas al decoro parlamentario".

Los cuatro, igual que otros cinco diputados ya bajo juicio, están involucrados en supuestos sobornos a parlamentarios pagados por el PT para lograr apoyo al gobierno de Lula.

Si Dirceu y los otros acusados hubieran renunciado a sus mandatos antes de instalarse el proceso, habrían garantizado su derecho a ser elegidos para cargos públicos, potestad que les será cercenada durante ocho años en caso de ser destituidos.

Según dijeron hoy allegados a Dirceu, el ex ministro decidió no renunciar pues está convencido de que no existen pruebas suficientes como para que el Consejo de Etica lo destituya del cargo de diputado que obtuvo en las elecciones de 2002.

"No renunciaré, haré una defensa total de mi honra e iré hasta el fin de esta historia. Estoy tranquilo", afirmó hoy Dirceu al llegar al Congreso.

Aunque tiene respaldo de buena parte del partido, Dirceu está en una situación comprometida y enfrentado al actual presidente del PT, Tarso Genro, quien dijo que el ex ministro se ha convertido en una "presencia incómoda" en la dirección nacional de esa formación.

El pasado fin de semana, los líderes del PT se reunieron para estudiar sanciones al ex tesorero Delubio Soares, quien admitió que contrató préstamos bancarios en forma irregular, que usó el dinero para gastos de campañas políticas y jamás lo declaró ni al Fisco ni a las autoridades electorales.

En contra de sectores que se inclinaban por expulsar a Soares del PT, Dirceu intermedió y logró que el ex tesorero sólo sea suspendido de su militancia.

Según fuentes políticas, esa fue una muestra de que el poder del ex ministro es todavía mucho dentro del PT, del que fue presidente hasta fines de diciembre de 2002, cuando se incorporó al gobierno.

Durante los primeros 30 meses de mandato de Lula, Dirceu controló con mano de hierro todos los resortes políticos del gobierno y era considerado la "mano derecha" del presidente, a quien ha acompañado en la vida política durante los últimos veinte años.

El que muchos consideraban un ministro "todopoderoso" cayó en desgracia cuando el diputado laborista Roberto Jefferson denunció que el PT había tejido una red de sobornos en el Parlamento a fin de "comprar" fidelidades y garantizarle al gobierno de Lula la mayoría parlamentaria que las urnas no le dieron en las elecciones de 2002.

Jefferson dijo que había conversado sobre ese asunto con Dirceu antes de denunciarlo públicamente, que el entonces ministro no había hecho nada para acabar con los sobornos y le acusó de ser el "jefe del mayor aparato de corrupción visto en la historia del país".

Las acusaciones de Jefferson han sido refrendadas en los últimos días por Marcos Valerio Fernandes, un publicista que participó en la red de financiación ilegal del PT y que admitió haber distribuido dinero entre los parlamentarios de la base aliada.

Según Fernandes, Dirceu dio su "aval político" a los créditos por un total de 55 millones de reales (23 millones de dólares) que el PT obtuvo en dos bancos privados, usando como garantías contratos de las agencias del publicista con organismos del Estado.

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