Entregan al Congreso de Coahuila una iniciativa de reformas constitucionales sobre la materia
EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- Los tres poderes del Estado depositaron en el Congreso local una iniciativa de reformas constitucionales encaminadas a modernizar el sistema judicial de Coahuila, transparentarlo y hacerlo más eficaz.
En el documento, firmado por los representantes de los órganos, Enrique Martínez, del Ejecutivo; Abraham Cepeda Izaguirre, del Legislativo y Ramiro Flores Arizpe, del Judicial, se establecen lineamientos específicos para que en el estado la justicia sea “pública, transparente, comprensible, responsable, ágil y tecnológicamente avanzada, eficiente, previsible y que cuente con procedimientos sencillos, rápidos y sin formalidades innecesarias”.
Los organismos que integran el Estado en Coahuila consideraron que “el acceso a la justicia es un elemento indispensable para consolidar la democracia”, debido a que “sin justicia no hay desarrollo, mucho menos paz ni tampoco seguridad”.
La iniciativa menciona que la reforma busca que las personas tengan acceso a la protección de sus derechos fundamentales de manera efectiva, a través de tribunales imparciales, profesionales e independientes.
“La meta es que la forma de impartir justicia sea a través del paradigma de la tutela judicial efectiva dentro del estado constitucional de derecho”, señala el escrito del cual tuvo conocimiento el pleno legislativo.
La propuesta aborda la necesidad de contar con un sistema judicial efectivo, aunque también transparente e incluye también la creación de un tribunal administrativo “que se convierta en el órgano especializado del Poder Judicial para dirimir todas las controversias formal y materialmente administrativas en el Estado de Coahuila”.
Penalizaciones a hospitales
El Congreso del Estado analiza una iniciativa de reformas al Artículo 242 del Código Penal en Coahuila a fin de penalizar con cárcel a las instituciones médicas y sus representantes que se nieguen a entregar un paciente muerto a sus familiares hasta que éstos cubran los gastos correspondientes.
La propuesta pretende incluir penalidades a una nueva figura delictiva, es decir, la de responsabilidad médico-legal, donde se pueda aplicar prisión de tres meses a dos años, multa hasta de cien días de salario y suspensión de tres meses a un año, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando impidan la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares la soliciten, aduciendo adeudo de cualquier índole.
Así mismo, a causa de que retengan a un recién nacido por los mismos motivos o cuando se retarse o niegue por cualquier motivo la entrega de un cadáver.
El planteamiento de los diputados Ramón Díaz Ávila y Francisco Ortiz del Campo comprende a la vez sanciones económicas y privativas de la libertad a en contra de los responsables, encargados o empleados de farmacia, “que al surtir una receta substituyan la medicina específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió”.
Se contempla una sanción de dos a seis años de prisión y multa de cuarenta a ochenta días salario, a los que sustraigan órganos o partes del cuerpo humano sin la autorización de quien corresponda darla y sin los requisitos legales.
